La Junta trabaja en la regulación de subvenciones para la inserción de inmigrantes

La Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior trabaja en un proyecto de orden para la aprobación de nuevas bases reguladoras para la concesión de subvenciones para proyectos e infraestructuras destinadas al arraigo y promoción social de personas inmigrantes y sus familias, la gestión de la diversidad y el fomento de la cohesión social, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro y entidades locales.

El borrador del proyecto de orden, consultado por Europa Press, se encuentra hasta este lunes, 4 de enero, sometido al trámite de información pública, y, en concreto, plantea la regulación de tres líneas de subvenciones.

La primera de ellas está dirigida a "entidades privadas sin ánimo de lucro, destinadas a la integración social y laboral de las personas procedentes de la inmigración y sus familias y al fomento de la cohesión social entre la población inmigrante y la sociedad receptora".

La segunda línea se plantea para financiar "infraestructuras de ayuntamientos andaluces, destinadas a la atención de personas inmigrantes", mientras que la tercera se quiere destinar a financiar "proyectos de ayuntamientos andaluces que tengan como objetivo la integración social de la población de origen inmigrante y sus familias, la sensibilización de la sociedad local del hecho migratorio y la gestión de la diversidad cultural, favorecedores de la cohesión social en su ámbito geográfico".

El proyecto también plantea que, "en atención al interés social y naturaleza de las entidades destinatarias de las subvenciones", los "rendimientos financieros que se generen por los fondos librados a las entidades beneficiarias no incrementarán el importe de la subvención concedida y no se aplicarán a la actividad subvencionada".

En relación con el plazo para adoptar y publicar la resolución del procedimiento, se considera oportuno por parte de la Junta establecer uno "máximo de seis meses", que la Administración autonómica entiende "como necesario, entre otras razones, por la débil y volátil estructura del tejido asociativo andaluz que trabaja en el área de las migraciones y la complejidad de los proyectos, lo que da lugar a necesidad de ampliación y aclaración de información y a la reformulación de los proyectos, alargándose el plazo para resolver".

Respecto al pago, se prevé "la posibilidad de abonar hasta el 100% del importe de la subvención concedida de forma previa a la justificación", así como excepcionar, "en atención a la naturaleza de la subvención y a las entidades a las que se destina, la obligación de que las mismas, antes de la propuesta de resolución, acrediten que se hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como que no son deudoras de la Junta de Andalucía por cualquier otro ingreso de derecho público".

Por otra parte, "no se recogen entre los criterios de valoración el relativo al grado de compromiso medioambiental, la ponderación del impacto en la salud y la seguridad laboral, dada la singularidad de la naturaleza de las subvenciones y la imposibilidad de realizar una valoración objetiva de los referidos criterios".

EL "GRAN RETO" DE "EVITAR LA SEGREGACIÓN"

En su parte expositiva, el borrador del proyecto de orden señala el "gran reto en este punto temporal en materia de políticas migratorias" de "evitar la segregación y marginación de las generaciones de jóvenes que han crecido y nacido en estos años en Andalucía, así como la discriminación de las personas inmigradas que, o bien han perdido su empleo, o realizan trabajos precarios y marginales".

A todo ello hay que añadir, según continúa el documento sometido a información pública, "la especial vulnerabilidad de las mujeres de origen inmigrante, adultas y niñas, que pueden ser víctimas de explotación laboral, sexual, aislamiento social y cultural u otras formas de violencia, tanto por la población de acogida como por determinadas personas o tradiciones culturales de sus grupos de pertenencia".

Con este proyecto de orden se busca "actualizar y mejorar" las bases reguladoras que se aprobaron mediante la orden de 20 de mayo de 2019 para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos e infraestructuras, destinadas al arraigo, la inserción y promoción social de personas inmigrantes y sus familias, la gestión de la diversidad cultural y el fomento de la cohesión social, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro y entidades locales, en el ámbito de las competencias de la dirección general competente en materia de Coordinación de Políticas Migratorias.

La Junta justifica que "la experiencia acumulada en la aplicación de esta norma, así como los cambios producidos desde su publicación, aconsejan actualizar y mejorar las bases reguladoras".

Así, por ejemplo, el borrador del proyecto de orden argumenta que "las convocatorias anuales de subvenciones deben incluir la financiación disponible para cada una de las figuras municipales a las que se dirigen, por lo que se debe distribuir ya en la propia convocatoria la cuantía de financiación total entre ellas, sin conocer ni el número de solicitudes, ni las cuantías solicitadas por parte de cada tipo de entidad, lo que obliga a realizar modificaciones de los documentos contables una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, ocasionando un retraso considerable en la tramitación de la convocatoria".