Junta, Diputación y ayuntamientos de Granada reforzarán lazos contra los desahucios y en políticas de vivienda

La Junta, la Diputación de Granada y los ayuntamientos de esta provincia reforzarán su cooperación para luchar contra los desahucios e impulsar políticas de vivienda destinadas a facilitar el acceso a las personas con escasos recursos y fomentar la rehabilitación, especialmente en materia de mejora de la eficiencia energética y de la accesibilidad.

Para la consecución de estos objetivos, el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha mantenido este viernes sendas reuniones de trabajo con el presidente de la Diputación granadina, José Entrena, y alcaldes de la provincia en la sede de la Corporación provincial en las que han puesto de relieve la necesidad de coordinar las acciones y recursos para hacer más eficaces las políticas de vivienda.

El consejero ha trasladado a Diputación y municipios los detalles del convenio suscrito entre el Gobierno andaluz, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) con la finalidad de luchar contra los desahucios y ha pedido a los alcaldes que se sumen a esta iniciativa que va destinada a evitar este drama social y a mitigar sus más graves consecuencias a través de la coordinación entre los juzgados y los servicios sociales y recursos públicos de las administraciones locales y autonómica.

Dicho acuerdo permite que los servicios sociales autonómicos y municipales tengan acceso rápido a información sobre la ciudadanía más vulnerable frente a ejecuciones hipotecarias o desahucios y puedan buscar una solución al respecto. Así, cuando el juez detecte situaciones de riesgo, lo comunicará a los servicios sociales.

López se ha referido también a las actuaciones para la mejora de la accesibilidad en los edificios de viviendas, aspecto en el que ha hecho una mención especial a "la necesidad de facilitar la instalación de ascensores en los inmuebles de más de tres plantas y en esta labor es necesaria también la participación de los ayuntamientos para extender los beneficios de esta iniciativa a todas las personas que necesitan de este medio para poder salir de sus edificios, pero que por su escasa renta no pueden afrontar el coste de esta obra", ha explicado.

Asimismo, ha resaltado la necesidad de adaptar las viviendas que fueron construidas con anterioridad a 1981, fecha de la que data la primera normativa sobre eficiencia energética de los edificios, "ya que actuar en esta mejora reduce el consumo energético y la factura de las familias y tiene un claro beneficios en términos medioambientales en algo en los que estamos todos concernidos como es la lucha contra el cambio climático", ha precisado,

López ha enmarcado esta apuesta por la colaboración en el nuevo Plan de Vivienda y Rehabilitación en el que trabaja su departamento y cuyas principales líneas de acción, que se desarrollarán hasta el 2020, han sido expuestas por el titular de Fomento y Vivienda en este encuentro.

El responsable autonómico de vivienda ha recordado que "es necesario desarrollar un trabajo convergente orientado a garantizar una vivienda a las familias andaluzas y en esa dirección se sitúa la labor del Gobierno andaluz, dirigiendo los recursos y servicios de todas las administraciones al objetivo común de evitar que cualquier persona pueda quedarse sin su vivienda", al tiempo que "ponemos encima de la mesa las herramientas y medidas necesarias para incrementar la calidad de vida de aquellas familias que más lo necesitan y cuyos recursos limitados les impiden afrontar las mejoras que necesitan sus viviendas".

Entre medidas puestas en marcha por el Gobierno andaluz ha recordado la futura Ley de retracto de la vivienda, que permitirá a la Administración hacerse con la vivienda de la personas en riesgo de ser expulsadas de la misma, las oficinas del Programa de Defensa de la Vivienda y las diferentes líneas de ayudas a las personas afectadas por desahucios o con escasos recursos.

El consejero ha subrayado que "los recursos públicos son limitados y debemos dirigirlos de la forma más eficaz hacia donde resulten más beneficiosos", por lo que las administraciones tenemos la obligación de buscar las sinergias necesarias y de concentrar todos los esfuerzos hacia los colectivos de población que se encuentran en una situación vulnerable y que tienen mayores dificultades".