La Junta señala que toda decisión que se adopte en el Consorcio Palacio de Congresos "debe cumplir la legalidad"

La Junta de Andalucía ha confirmado que las conclusiones recogidas en los informes jurídicos y técnicos emitidos por el Servicio Jurídico del Consorcio Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada señalan “importantes discrepancias” que no ofrecen seguridad jurídica alguna.

El gobierno de la Junta ha hecho estas valoraciones tras la reunión del Consejo Rector del Consorcio Palacio de Exposiciones y Congresos celebrada este viernes en el Ayuntamiento de Granada.

Según se extrae de los propios informes, el objeto de las discrepancias reside en la venta del 50% del accionariado a la Sociedad Anónima que opta a la explotación del Palacio de Congresos y la capacidad económica y técnica de la misma para explotar el edificio de conferencias y eventos, “sin menoscabo de las inversiones que se quieren desarrollar en los próximos meses y que no deberían asociarse al cambio".

El gobierno andaluz tomará medidas al respecto y pedirá al máximo órgano de decisión de la comunidad autónoma en materia de contratación, la Comisión Consultiva de Contratación Administrativa, que determine si finalmente se aprueba la venta del accionariado a la Sociedad Anónima, dadas las discrepancias conocidas. En concreto, la petición de la Junta irá encaminada al pronunciamiento de la Comisión sobre si la Sociedad Anónima compradora del 50% del accionariado tiene la capacidad económica y técnica necesaria para explotar el Palacio de Congresos “con plenas garantías”.

No obstante, la Junta de Andalucía entiende, en su 66% de participación en el Consorcio, que el Palacio de Congresos es fuente de dinamización turística, económica y social para la provincia de Granada. Tal es así que el turismo ‘MICE’ conlleva un impulso fundamental para el sector de la hostelería y el hospedaje “que Granada no debe perder”.

“No frenamos el desarrollo del Palacio de Congresos, pero sí exigimos garantías jurídicas y, el informe jurídico-técnico que conocemos, no garantiza las solvencias exigibles conforme al pliego que dictamina la cesión de las acciones y el gobierno de la Junta de Andalucía no puede obviar este punto en el desarrollo óptimo del proceso, por el que debe velar jurídicamente en todo momento”, detalla la Junta.