La Junta subvencionará a las escuelas infantiles si tuviera que decretarse el cierre de alguna

La Junta subvencionará a las escuelas infantiles y centros de Educación Infantil adheridos al Programa de ayuda a las familias en el caso que se decrete por las autoridades sanitarias el cierre total o parcial de los centros a causa de la aparición de rebrotes del Covid-19 durante el curso escolar 2020/21, según se recoge en el Decreto Ley aprobado por el Consejo de Gobierno por el que, con carácter extraordinario y urgente, se establecen medidas en materia educativa y de apoyo al sector de la acuicultura de Andalucía ante la situación generada por la pandemia.

En el caso de las escuelas infantiles y los centros de educación infantil, las ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, tienen como objetivo contribuir al mantenimiento de la red de centros. Así, según una nota de prensa, podrán solicitar la subvención las personas titulares de las escuelas infantiles y centros adheridos al Programa de ayudas cuyas instalaciones hayan sido cerradas total o parcialmente por decisión de las autoridades sanitarias como consecuencia de la aparición de un brote de contagios ocasionado por el Covid-19. Asimismo, podrán solicitar las ayudas los municipios en los que se haya delegado la competencia para la gestión de las escuelas infantiles.

La solicitud se presentará en un plazo de diez días hábiles desde que se decrete el cierre total o parcial de las instalaciones del centro o, en el caso de que el cierre sea anterior a la publicación de la correspondiente convocatoria, desde que se publique la misma.

La concesión de la subvención estará condicionada a que se mantenga por la entidad beneficiaria la plantilla de trabajadores y trabajadoras del centro en las mismas condiciones laborales y durante el tiempo que esté cerrado total o parcialmente el mismo, así como el abono de los salarios y seguros sociales.

La subvención mensual que corresponderá a cada centro será el resultado de multiplicar el número de alumnos y alumnas matriculadas en la fecha del cierre total o parcial de las instalaciones por el 85% del precio público del servicio de atención socioeducativa (sin incluir el comedor). En el caso de cierre parcial, se calcularía únicamente el alumnado afectado por dicho cierre.

La cuantía final que recibirá cada centro afectado se determinará en función del número de días del curso escolar en los que esté cerrado total o parcialmente.

MÓDULOS DE CONCIERTOS EDUCATIVOS
En el Decreto Ley también se incluye un aumento de la cuantía de los módulos de los conciertos educativos, en la partida de gastos, por un valor total anual de casi ocho millones de euros. Este incremento será destinado a reforzar la limpieza de los centros docentes concertados para cumplir con los requisitos exigidos por las autoridades sanitarias, así como para la compra de protección individual para el profesorado y el personal complementario.

Los módulos de conciertos educativos se incrementarán en las cantidades asignadas a otros gastos, según lo recogido en el Real Decreto 2/2020 del pasado 21 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes de retribuciones en el ámbito del sector público, en las siguientes cuantías: 650 euros anuales para las unidades de Infantil, Primaria y Educación Especial Básica/Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos y FP Básica y 900 euros anuales para las unidades específicas de Educación Especial (alumnos con discapacidad psíquica, autismo o problemas graves de personalidad, auditivos y plurideficientes), así como para las unidades de Programas de Formación para la transición a la vida adulta.

Este incremento se destinará a reforzar la limpieza de los centros docentes concertados para cumplir con los requisitos exigidos por las autoridades sanitarias. En el caso de las unidades específicas de Educación Especial también se podrá destinar a la compra de equipos de protección individual contra el coronavirus para el profesorado y el personal complementario.

AYUDAS DE 1,5 MILLONES PARA LA ACUICULTURA

El Decreto Ley también recoge una reprogramación del plan financiero del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) para ayudar a las empresas del sector de la acuicultura, tanto marina como continental, a hacer frente al impacto sufrido por la pandemia provocada por el Covid-19. La acuicultura es un sector productivo de competencia exclusiva de la comunidad autónoma, junto con la pesca en aguas interiores y el marisqueo.

La norma responde a la autorización que ha aprobado el Consejo de Ministros de la Unión Europea, a través del reglamento del pasado 23 de abril de apoyo al sector de la pesca y la acuicultura, especialmente afectados por la pandemia. En este caso, la Junta de Andalucía ha dotado con 1,5 millones de euros una medida destinada a compensar a las empresas de acuicultura por la caída de ventas desde el inicio del estado de alarma hasta el 31 de julio.

El Decreto Ley pretende ayudar a sostener la continuidad de las empresas, evitando el cese definitivo de la actividad y la destrucción de empleo. La acuicultura se vio especialmente afectada por las perturbaciones del mercado generadas por un descenso significativo de la demanda por el cierre de puntos de venta, mercados y tiendas y, especialmente, por el cese del canal Horeca.

La subvención consistirá en el pago de un máximo del 50% de la disminución del ingreso por ventas entre el 14 de marzo y el 31 de julio de 2020 respecto a la media del mismo período de los tres años anteriores o respecto al misma horquilla temporal del año anterior para las empresas con tres o menos años de actividad y hasta un máximo de 150.000 euros por empresa. Estas ayudas están cofinanciadas por el FEMP y la Junta de Andalucía en un 75% y un 25%, respectivamente.

Andalucía cuenta con casi un centenar de empresas del sector de la acuicultura que generan más de 1.000 empleos directos. En 2019 la producción superó los 10 millones de kilos por un valor de más de 73 millones de euros. Las principales especies producidas son la lubina, la dorada, el atún, el mejillón, el lenguado y las lisas, entre otras.
Dos terceras partes son instalaciones en mar abierto situadas mayoritariamente en la zona mediterránea, y el resto en zonas terrestres que ocupan más de 7.500 hectáreas, principalmente en marismas y esteros de la Bahía de Cádiz, la desembocadura del río Guadalquivir y en la costa occidental de Huelva, entre los ríos Piedras y Carreras.