Junta y Ayuntamiento acuerdan más mecanismos de inspección para acabar con pisos turísticos ilegales
Las sanciones en este ámbito podrían llegar a la cuantía de hasta 150.000 euros
El Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía han acordado consolidar los mecanismos de colaboración en la inspección que desarrolla la Consejería de Turismo con el fin de atajar la problemática de las viviendas turísticas ilegales en la ciudad de la Alhambra, la cual conlleva consigo sanciones de hasta 150.000 euros.
En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Granada ha informado de que el acuerdo se ha adoptado por unanimidad durante la reunión de trabajo convocada este martes por el alcalde, Francisco Cuenca, con el presidente de la Federación de Hostelería, Trinitario Betoret; el delegado de Turismo de la Junta en la provincia, Guillermo Quero, y los titulares de concejalías de Urbanismo y Turismo del Consistorio, Miguel Ángel Fernández Madrid y Raquel Ruz.
En el encuentro, celebrado en el Ayuntamiento después de que se aplazara el pasado viernes al coincidir la fecha con otra reunión que mantuvieron los empresarios con el Patronato de la Alhambra sobre las entradas al monumento, las partes han manifestado que "no se trata de criminalizar a nadie", sino de "poner coto a aquellos que no desean cumplir la ley y que, además, hacen una competencia desleal e ilegal a quienes sí pagan sus impuestos y trabajan por el bien del turismo y por su repercusión en la ciudad".
El municipio de Granada, según los datos ofrecidos por la Junta, cuenta con un total de 1.151 alojamientos turísticos inscritos en el registro autonómico, lo que supone el 40 por ciento del total de la provincia. De esos alojamientos se desprende que el total de camas que ofertan está por encima de las 5.000.
Para Francisco Cuenca, "lo importante es poder saber qué oferta hay más allá de esas 5.000 camas" y, por ello, se ha ofrecido apoyo a "la tarea inspectora de la Junta en este sentido", y se ha expuesto la voluntad del equipo de gobierno que preside de "abordar una regulación jurídica complementaria en este asunto".
Todos los asistentes han coincidido en que el debate sobre este modelo turístico sobrepasa el ámbito municipal y autonómico, por lo que han demandado al Gobierno de España que "concrete un marco jurídico unitario para todas las comunidades autónomas".
"Continuaremos este proceso para garantizar un turismo de calidad, sostenible y regulado, que favorezca la competencia leal de todos los operadores turísticos y que contribuya a que la industria del turismo siga siendo un sector económicamente rentable para la ciudad de Granada, pero también sostenible para garantizar la mejor calidad de vida para todos sus vecinos y vecinas", ha concluido el alcalde.
