Juzgado de Instrucción 6 investiga a dos exgerentes de Visogsa por posibles contrataciones ilegales

El Juzgado de Instrucción 6 de Granada está investigando ya dos exgerentes de la Empresa Provincial de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Granada (Visogsa) durante la etapa del PP en la Diputación de Granada por posibles contrataciones irregulares, lo que podría enmarcarse en un delito continuado de prevaricación, después de que la Fiscalía Superior de Andalucía le remitiera decreto de denuncia por este asunto.

Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, el titular del Juzgado, el magistrado Francisco Javier Zurita --tras la jubilación de Miguel Ángel del Arco-- ha tomado como primera decisión solicitar un informe a los servicios jurídicos de Visogsa para que aclare si los contratos en cuestión se ajustan a la normativa actual al respecto.

Fue el pasado mes de marzo cuando la Fiscalía Superior de Andalucía pidió al juez decano de Granada que se abriera una investigación, que ha recaído finalmente en Instrucción 6.

La decisión del Ministerio Público se producía después de que el pasado mes de diciembre el grupo de Vamos Granada en la institución provincial presentara una denuncia por la contratación por parte de Visogsa, entre 2011 y 2013, de cuatro personas con contratos temporales, dos de ellas en la categoría de administrativo, una como auxiliar administrativo y un cuarto como arquitecto técnico.

La formación, que tiene como representante en la Diputación a Luis de Haro-Rossi, sostenía que los contratos se realizaron "sin atender a los principios de mérito, capacidad, igualdad y publicidad" que son de obligado cumplimiento, y que se formalizaron a través de "una resolución de autoridad --presidente de Diputación--", "vulnerando de forma patente y clara las normas que regulan el acceso al empleo público".

Según De Haro-Rossi, al menos dos de las personas contratadas, una administrativa y una auxiliar, "no prestaron sus servicios en Visogsa como sería preceptivo" sino en el área de Protocolo, en el primer caso, y "como secretaria del entonces vicepresidente de la institución provincial, José Antonio Robles", en el segundo.

Las dos trabajadoras, según Vamos Granada, se incorporaron a sus puestos de trabajo en Visogsa en julio de 2015, "cuando ya había perdido el PP el gobierno de Diputación". El otro administrativo entró en Visogsa con un contrato temporal y el arquitecto técnico con un contrato de arrendamiento de servicios, aunque los cuatro contratos "se tornaron indefinidos antes de abandonar el PP el gobierno de la institución provincial", sostenía el diputado y consejero del Consejo de Administración de Visogsa.

El grupo de Vamos Granada en la Diputación entiende que los hechos relatados son constitutivos de un supuesto delito de prevaricación y solicitaba por ello a la Fiscalía Superior de Andalucía que abriera una investigación, interesando que se tomase declaración al expresidente de Diputación y del Consejo de Administración de Visogsa y actual presidente del PP de Granada y senador, Sebastián Pérez, y a José Antonio Robles; así como a José Ramón Jiménez Domínguez, anterior gerente de Visogsa.

Posteriormente, la Fiscalía Superior rmeitió la denuncia al juez decano de Granada para que se incoasen las diligencias precias que correspondiesen "por la posible existencia de un delito continuado de prevaricación administrativa" y remitía su decreto a la Fiscalía General del Estado por si la investigación pudiera afectar a Sebastián Pérez, que tiene la condición de aforado.

El fiscal superior, Jesús García Calderón, aconsejaba para el esclarecimiento de los hechos denunciados que se tomase declaración a los dos exgerentes, ya que consideraba que en este caso se desprende, "cuando menos indiciariamente" la necesidad de "formalizar la imputación" de estos dos funcionarios públicos para que cuenten "con todas las garantías procesales".

Asimismo, para uno de ellos proponía esa imputación por la "propuesta unilateral" de subida de sueldo que se aprobó en 2015 de uno de los trabajadores presuntamente implicados, de 28.259 a 35.000 euros, "sin que conste tramitación alguna, ni informe de la intervención" y que se aprobó por resolución de Presidencia.

Asimismo, García Calderón argumentaba que, aunque la Fiscalía Superior no es competente para investigar a un aforado, sí hay indicios para emprenderla sobre "quienes propusieron la contratación que ahora resulta cuestionada", y además explicaba las razones para no derivar el asunto a la Fiscalía Provincial, como es lo preceptivo. Según indicaba, uno de los cuatro contratos denunciados se refiere a una persona con un "parentesco de segundo grado" con la fiscal provincial, Ana Tárrago.

Finalmente, la Fiscalía remitía el decreto a Sebastián Pérez como persona aforada para que, si lo consideraba oportuno, compareciera "voluntariamente" y pudiese conocer la denuncia y prestar declaración.