El juzgado ordena embargar los bienes de un exconsejero delegado de Emucesa
Lo ha hecho después de que se haya acabado el plazo que Eduardo Moral tenía para hacer frente a una fianza de 286.310 euros para asegurar lo que se le pueda exigir en concepto de responsabilidad civil
El Juzgado de Instrucción número 9 de Granada, encargado de la investigación por supuestas contrataciones irregulares de altos cargos en la empresa mixta que gestiona el cementerio municipal (Emucesa), ha ordenado el embargo de los bienes de uno de los procesados, el que fuera su consejero delegado y ex edil del PP, Eduardo Moral.
Lo ha hecho, según consta en el decreto judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, después de que se haya acabado el plazo que Moral tenía para hacer frente a una fianza de 286.310 euros para asegurar lo que se le pueda exigir en concepto de responsabilidad civil.
El exconsejero delegado de Emucesa, para el que la Fiscalía pide seis años de cárcel en este caso, se quedó al margen del acuerdo de conformidad por el que la otra exedil del PP y exresponsable de la empresa procesada en el caso por supuestos contratos fantasmas, María Francés, aceptará previsiblemente dos años y evitará la entrada en prisión.
Según informó la Fiscalía Superior de Andalucía en una nota el pasado 26 de junio, el representante del Ministerio Público, en su escrito de conclusiones provisionales del caso Emucesa, acusaba a los ex concejales por "realizar, presuntamente, contratos irregulares cuando fueron consejeros delegados" de la empresa, en el periodo 2003-2011 y 2011-2016, durante los mandatos de gobierno local del PP.
Para los otros acusados, los cinco contratados, también solicitaba penas que oscilaban entre los cinco años y seis meses de prisión y los cuatro años, al igual que la inhabilitación especial o absoluta para cargo o empleo público.
En el auto de apertura de juicio oral, el juzgado requirió el pasado octubre a los acusados que prestaran fianzas de entre 32.521 y 286.310 euros que suman casi 650.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se les pudieran imponer, como indemnización a Emucesa y al Servicio Público de Empleo.