El juzgado procesa a la alcaldesa de Motril por presunta malversación de caudales públicos

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Motril ha procesado a la alcaldesa de esta localidad, Luisa García Chamorro, por un delito de malversación de caudales públicos por el presunto uso de dinero público para pagar una multa a la que fue condenada en 2017 por un delito de injurias graves contra un exgerente socialista de la empresa Provincial de Vivienda, Suelo y Equipamientos de Granada (Visogsa).

Concretamente, la jueza ve indicios de que, entre 2019 y 2020, usó presuntamente dinero del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Motril y del grupo popular en la Diputación de Granada para abonar la multa que le fue impuesta, así como la responsabilidad civil fijada en sentencia, entre otros conceptos.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada ha acordado que la causa se siga por el procedimiento del tribunal del jurado, de modo que, de haber juicio, será un jurado popular el que decida sobre este asunto.

Junto a ello, el juez ha citado a las partes -investigados, defensas, acusaciones personadas y Fiscalía- el próximo 19 de junio a una comparecencia para concretar la imputación y ha requerido tanto a la alcaldesa de Motril como a las otras dos personas investigadas en la causa una fianza de 3.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele.

Fue en junio de 2017 cuando la Audiencia Provincial de Granada condenó a Luisa García Chamorro, que en ese momento era vicepresidenta Primera de la Diputación y consejera delegada Visogsa, al pago de una multa de 1.080 euros como autora de un delito de injurias graves con publicidad cometido con motivo de sus declaraciones en una rueda de prensa contra un exgerente de Visogsa de la etapa socialista. También estaba obligada al pago de 5.096 euros en concepto de responsabilidad civil (por la publicación en medios de comunicación) y más de 3.000 euros por costas procesales.

Según se expone en el auto, García Chamorro ordenó presuntamente en su beneficio -el 4 y 7 de noviembre de 2019 y el 14 de febrero de 2020- transferencias por valor de 4.600 euros desde la cuenta corriente del grupo municipal del PP de Motril -cuyos fondos proceden de los presupuestos del Ayuntamiento- a su cuenta personal.

La jueza sostiene que lo hizo con el presunto objetivo de "emplear estos fondos para el pago de parte de los anteriores conceptos a los que estaba obligada de forma personal y a los que fue condenada como integrante de la Diputación Provincial, cargos absolutamente ajenos al Grupo Municipal del PP de Motril".

Respecto a las otras dos investigadas mantiene la magistrada que supuestamente llevaron a cabo las actuaciones necesarias para que se ejecutara el pago a García Chamorro, dado que una era en el momento de los hechos la secretaria del grupo municipal y la otra estaba autorizada en la cuenta bancaria.

Concurren indicios además de que, a su vez, García Chamorro pudo haber recibido del grupo del PP en la Diputación de Granada -cuyos fondos son asignados por este ente público- "dos pagos con un fin similar, esto es, que con fecha 30 de octubre de 2019 le fue expedido un cheque nominativo a su favor por importe de 4.615,15 euros -que se corresponde prácticamente con la cuantía en la que quedó fijada la responsabilidad civil en la ejecutoria penal-, y el 22 de octubre de 2020 le fue realizada una transferencia bancaria por importe de 2.936,02 euros en concepto de costas procesales".

De hecho, entre otras diligencias que ha pedido la jueza se encuentra la citación a declarar como testigo de la actual senadora del PP Inmaculada Hernández -en ese momento portavoz del PP en Diputación- para que identifique quién ordenó la expedición del cheque y de la transferencia a favor de García Chamorro, si llegó a cobrarse el importe y que comparezca aportando, si es que lo tiene, el extracto de la cuenta corriente del Grupo del PP en la Diputación.

Restitución

En el auto consta que la alcaldesa de Motril restituyó en la cuenta bancaria del grupo municipal del PP en octubre de 2021 la suma de 4.000 euros; y los dos primeros pagos del grupo popular en la Diputación de Granada fueron restituidos el 14 de octubre 2021, "todo ellos tras conocer la interposición de denuncia contra ella".

De la totalidad de los importes recibidos tanto del grupo municipal del PP de Motril como el grupo popular en la Diputación, la jueza mantiene que quedaron en poder de García Chamorro 2.031 euros "sin causa justificada, supuestamente para la compensación de otros gastos propios satisfechos o que pudieran surgir".

Tras la investigación practicada, la magistrada concluye que los hechos revisten por ahora y sin perjuicio de una calificación posterior un presunto delito de malversación de caudales públicos, el cual compete juzgar al tribunal del jurado conforme a lo que establece la normativa vigente.

García Chamorro se muestra tranquila ante la citación del juez

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha querido mostrar su tranquilidad y manifestar que se trata de una fase más del procedimiento, no habiendo ninguna novedad con respecto a su situación procesal, que sigue siendo la de investigada desde hace dos años aproximadamente.

"En 2022 se inició la fase de instrucción a raíz del pago con fondos de los grupos municipales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Motril y la Diputación de Granada de los gastos derivados de un proceso judicial en el que, en Primera Instancia, Luisa García Chamorro resultó absuelta. Sin embargo, en Segunda Instancia se revocó la sentencia y estos gastos procesales fueron asumidos por los grupos municipales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Motril y la Diputación de Granada. En ese momento se consideró, y seguimos considerando, que las costas y gastos judiciales derivan del ejercicio de sus funciones y atribuciones políticas como portavoz del Partido Popular en la Diputación y por eso se pagó, por parte de los grupos del Partido Popular, esta pequeña cantidad de dinero. No obstante, cuando llegó la denuncia anónima a fiscalía y ante las dudas administrativas que pudieran surgir, García Chamorro procedió a devolver, cautelarmente, a su grupo municipal y al de diputación los importes íntegros que habían sido destinados al pago de esta sentencia", informa en un comunicado el PP.

Como ha manifestado García Chamorro, "este dinero era propiedad del grupo político y no de la Administración". "Y por ello, entendiendo que en el momento de las declaraciones que se refiere la Sentencia estaba actuando en calidad de portavoz y defendiendo la gestión política de su partido, siempre hemos considerado que los gastos de dicho proceso debía afrontarlos el grupo político al que pertenecían estos fondos. Además, la legislación vigente solo prohíbe el uso de esos fondos propiedad de los grupos para la contratación de personal o realizar inversiones", añade el PP.

"De hecho, es público y notorio que todos los grupos políticos, en todas las instituciones, siempre han hecho uso de estos fondos en lo que han estimado conveniente relacionado con su actividad política sin ningún tipo de reproche. Tan solo, y muy recientemente, y solamente en casos de evidente destino distinto a dicha actividad, por vía administrativa, nunca penal, se ha decretado la obligación de reintegrar al grupo político dichos fondos. Siendo, en definitiva, una cuestión interna de cada grupo político", apunta también el PP en el comunicado.

García Chamorro expresa su "tranquilidad absoluta" ante la situación y su "confianza plena en la justicia para que este tema pueda resolverse con la mayor celeridad posible". En todo momento se ha actuado "de forma transparente y colaborativa", puesto que la regidora municipal es la primera interesada en demostrar "que no se ha cometido ningún tipo de irregularidad".