Juzgan a nueve acusados de un fraude a la Seguridad Social para cobrar prestaciones
La Fiscalía solicita para el principal acusado la pena de tres años de prisión y la multa de 130.000 euros
La Audiencia de Granada acoge este lunes y martes el juicio contra nueve personas acusadas de un fraude a la Seguridad Social por el que cobraron más de 60.000 euros en prestaciones por incapacidad temporal y desempleo, haciendo uso de una empresa que carecía de actividad y en la que se dieron de alta a trabajadores ficticios.
La Fiscalía solicita para el dueño de la empresa y principal acusado, Adrián V.G., tres años de prisión y una multa de 130.000 euros por un delito de fraude a las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.
El resto de los acusados son las personas a las que el empresario dio supuestamente de alta a jornada completa pese a que no desarrollaron actividad laboral alguna, los cuales se enfrentan a una petición de dos años de cárcel por el mismo delito.
Según el relato del fiscal, fue en junio de 2012 cuando el principal acusado se alió con una segunda persona, ya fallecida, para llevar a cabo esta presunta estafa a las arcas públicas. Para ello dieron de alta a la mercantil Ingeniería Sango S.L., de la que Adrián V.G. adquirió la totalidad de la participaciones sociales.
Posteriormente, se puso de acuerdo con el resto de los acusados, además de con el fallecido, para conseguir "de manera fraudulenta y mediante engaño prestaciones indebidas del sistema de la Seguridad Social" usando la mercantil, que realmente no tenía actividad empresarial, suscribiendo contratos de trabajo que "no respondían a relación laboral alguna".
Así, dio de alta en la Seguridad Social al resto de los acusados, trabajadores "ficticios" que recibieron distintas prestaciones por desempleo, incapacidad temporal, maternidad y paternidad por un valor total de 60.417 euros. Entre ellos se encuentra el propio fallecido, que se hizo supuestamente con más de 3.000 por este sistema.
Además de la pena de tres años de prisión y la multa de 130.000 euros, la Fiscalía solicita para el principal acusado la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho de gozar de los incentivos de la Seguridad Social durante seis años, lo que rebaja a cuatro años para el resto de los procesados.
