Juzgan a tres acusados de obligar a una joven a prestar servicios sexuales

La Sección Primera de la Audiencia de Granada acoge desde hoy el juicio contra tres acusados de haber obligado a una chica original de Paraguay a prestar servicios sexuales en un piso de la capital a través de coacciones, insultos y amenazas como que por no tener papeles le iban "a caer cinco años de cárcel".

La Fiscalía ha pedido para ellos la pena de siete años de prisión por supuestos delitos de prostitución coactiva y contra la salud pública, según el escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press.

Este piso era regentado por una mujer, de 45 años y nacionalidad paraguaya, y un hombre, de 44 y nacionalidad rumana, quienes "indicaban los tipos de servicios que debía prestar a los clientes" la chica, que es testigo protegido en esta causa. También habrían controlado "sus tarifas, formas y momento de pago", así como "horarios laborales" y "la actividad que realizaba".

La víctima contaba con un día de descanso a la semana, pernoctaba en el piso y debía trabajar "a cualquier hora del día o de la noche", hace constar el fiscal, que especifica también que "cobraba el 50 por ciento" de unas tarifas que iban desde los 35 euros por 15 minutos hasta los 150 euros más 20 de taxi por salidas.

Aunque aceptó "voluntariamente" estas condiciones, en un piso en el que estuvo desde 2013 hasta principios de 2016, lo hizo por "la especial vulnerabilidad que presentaba derivada de su precaria situación económica" y por la "estigmatización" que en Paraguay supone el ejercicio de la prostitución.

Ante ello, los dos principales acusados ejercían "coacción" sobre la mujer con insultos y expresiones como "la Policía de Granada es mi amiga, si te vas, te los voy a mandar". Igualmente, "le proporcionaban cocaína para que pudiera realizar jornadas de más de 20 horas y para que consumiera con los clientes".

Estos dos acusados tenían en la casa droga que era "suministrada" por el tercer acusado, de 37 años y nacionalidad rumana, quien "la ocultaba en su vivienda" en Armilla, y que, "además, la vendía a terceras personas no vinculadas con el prostíbulo".

Por ello, el fiscal solicita para él una pena de siete años de prisión por la presunta comisión de un delito continuado contra la salud pública, y multa de 620 euros.

En cuanto a quienes regentaban supuestamente el prostíbulo, las penas solicitadas son de tres años por prostitución coactiva y de cuatro años por el supuesto delito contra la salud pública, junto con multas por un total de 4.700 euros. Está previsto que estos hechos sean enjuiciados hasta el 17 de enero.