Juzgan en abril al expresidente de Diputación por supuesta concesión irregular de licencias
Se enfrenta a una petición fiscal de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y se sentará en el banquillo de los acusados junto a la actual alcaldesa de Caniles
El expresidente de la Diputación de Granada Antonio Martínez Caler (PSOE) será juzgado el próximo 25 y 26 de abril en la Audiencia de Granada por un posible delito contra la ordenación del territorio durante su etapa como alcalde de Caniles, en relación a la supuesta concesión irregular de licencias para la construcción y ocupación de viviendas en un área de cuevas.
Martínez Caler se enfrenta a una petición fiscal de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y se sentará en el banquillo de los acusados junto a la actual alcaldesa de Caniles, la socialista Isabel Mesas; y a la exregidora del PA María Pilar Vázquez por unos hechos que se habrían producido entre 2003 y 2012.
La Fiscalía solicita para la actual alcaldesa de Caniles tres años de prisión, inhabilitación especial durante diez años y multa de 7.200 euros por un delito continuado contra la ordenación del territorio, según consta en el escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press. Para la exregidora del PA pide un año y diez meses de prisión, ocho años de inhabilitación especial y multa de 6.480 euros.
Según el relato del fiscal, la actual alcaldesa de Caniles concedió en 2003, 2006 y 2008 licencias de obras para la construcción de tres viviendas unifamiliares, vulnerando con ello la normativa urbanística puesto que "no se exigió ningún tipo de garantía o aval suficiente para asegurar la terminación de las obras de urbanización".
A ello suma que tanto ella, como Antonio Martínez Caler y María Pilar Vázquez, en su respectiva condición de alcaldes, concedieron licencias de primera ocupación para estas viviendas situadas en el barrio de San Sebastián de la localidad, un área de cuevas ubicado en suelo urbano no consolidado.
Según la normativa era necesario delimitar una unidad de ejecución para la redacción de un plan especial que ordenara el desarrollo de esta zona. Agrega el fiscal que las licencias de ocupación de las viviendas se concedieron a pesar de que está prohibido hacerlo hasta que se terminan las obras de urbanización y de que las licencias de obras no se ajustaba a lo estipulado, por lo que también pide que se anulen.
La Fiscalía acusa a los tres de delitos contra la ordenación del territorio, pidiendo que Antonio Martínez Caler sea también condenado a una multa de 6.480 euros. En una reciente diligencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Audiencia de Granada ha fijado que las sesiones del juicio oral se celebren los próximos 25 y el 26 de abril a las 9,30 horas.
