Juzgan este jueves a una acusada de pedir 7.000 euros a marroquíes por papeles y quedarse el dinero
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada acoge este jueves el juicio contra una mujer, de nacionalidad marroquí e iniciales F.R., acusada de pedir 7.000 euros a sus compatriotas a cambio de facilitarles la documentación para que obtuvieran la residencia legal en España a través de la empresa inmobiliaria que regentaba y después quedarse el dinero entregado para ello.
Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, la acusada, a la que "en todo caso" le movía su intención de "enriquecerse económicamente", en 2005 contactó en Marruecos con varios ciudadanos del país, y les ofreció la posibilidad de conseguir a través de la empresa de la que era administradora, Maroc-Andalusí Group S.L., dedicada a la promoción inmobiliaria y con oficina abierta en Granada y Málaga, un empleador.
La finalidad era venir a España y tramitarles la autorización de residencia y trabajo, para obtener así la residencia legal en el país. Por esas gestiones, los ciudadanos marroquíes deberían abonar 7.000 euros en total, y tres de ellos, "convencidos del proyecto", les entregaron, como parte del precio, 3.000 cada uno.
El 17 de octubre de 2005 la procesada presentó, a nombre de su empresa, en la Subdelegación del Gobierno de Granada, las respectivas ofertas de empleo, concretando que los trabajadores serían contratados para una obra en la calle Tierno Galván de Armilla, lugar en el que realmente no existían ninguna obra. Por lo tanto, según el fiscal, la contratación "no estaba justificada desde un principio", puesto que lo que perseguía la acusada era la entrada de los ciudadanos marroquíes en España "mediante la tramitación torticera" del procedimiento de regularización.
Cada una de las solicitudes de permiso de residencia fueron denegadas el 13 de marzo de 2006, debido a que la Brigada de Extranjería y Documentación de Granada realizó un informe en el que constataba que la empresa de la inculpada no acreditaba las necesidades de contratación de los trabajadores extranjeros.
No obstante, la mujer no devolvió a los perjudicados los 3.000 euros que cada uno de ellos les había entregado, y tiene procedimientos pendientes no sólo en Granada sino en juzgados de otras ciudades.
