Juzgan este martes al promotor acusado de quedarse con 125.000 euros de pisos que no ejecutó
La Fiscalía de Granada solicita para el procesado, de iniciales F.J.A.C. y 47 años, seis años de prisión y multa de 4.800 euros por un delito continuado de apropiación indebida
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada acoge este martes y miércoles el juicio contra un promotor inmobiliario acusado de quedarse de forma presuntamente fraudulenta con más de 125.000 euros que le entregaron los compradores de unos pisos en Granada que no llegaron a construirse.
La Fiscalía de Granada solicita para el procesado, de iniciales F.J.A.C. y 47 años, seis años de prisión y multa de 4.800 euros por un delito continuado de apropiación indebida.
Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, el inculpado, "con la finalidad de obtener un beneficio patrimonial ilícito", en representación de la entidad Prodaimuz, de la que era su único administrador, suscribió una serie de contratos para la venta de 12 pisos que debían resultar de la división de la finca que la sociedad tenía en Granada capital.
Concretamente, el día 27 de febrero de 2007 formalizó un contrato de paga y señal de arras con un matrimonio para la adquisición de un piso de la calle Hospital Santa Ana en el que se fijaba el precio de venta en 243.445 euros, del que los afectados entregaron un total de 73.037 euros.
El 20 de marzo suscribió un contrato de igual naturaleza con otro matrimonio en el que se acordó la venta del piso en 282.213 euros, del que entregaron 52.600 euros. El mismo día firmó con otro hombre otro contrato para la adquisición de otro piso por 192.281, del que entregó 36.000 euros.
A día de hoy, según la Fiscalía, el procesado sólo ha edificado el 24 por ciento de la obra comprometida, sin que haya procedido a la devolución de las cantidades entregadas, que no fueron avaladas, ni a la resolución de los contratos suscritos.
Tampoco se pueden concluir los trabajos de construcción, ya que ha caducado la licencia por acuerdo de la Gerencia de Urbanismo de Granada el día 6 de abril de 2010, por no haber atendido el acusado a los requerimientos efectuados para la subsanación de defectos, y por haber destinado el resto del crédito hipotecario que le fue concedido para la edificación al pago de otras responsabilidades.
La acusación particular, que ejercen los letrados Esther Aranda Martín y Juan Luis Aguilera, del despacho VAM Abogados en nombre de los afectados, elevan su petición para el procesado a los ocho años de prisión y multa de 24 meses por el mismo delito que reclama la Fiscalía. Asimismo, solicitan la devolución de lo presuntamente apropiado de forma fraudulenta.
