Juzgan este mes al exalcalde de Pulianas por supuesta prevaricación en un acuerdo urbanístico

El exalcalde de Pulianas (Granada), el socialista Rafael Gil Bracero, será juzgado este mes en la Audiencia de Granada por los supuestos delitos de estafa y prevaricación de los que le acusan los dueños de unos terrenos en la firma de un acuerdo que perseguía disponer de parte de estas tierras para una actuación pública dirigida a ampliar una carretera y a encauzar el río Juncaril.

La Fiscalía considera que los hechos no constituyen delito alguno y ha solicitado la absolución para el exalcalde, mientras que la acusación particular pide para él dos años de prisión y ocho de inhabilitación para cargo público.

Bracero ha señalado en declaraciones a Europa Press que afronta "totalmente tranquilo" este juicio, que se celebrará el 15 y 16 de noviembre en la Sección Segunda de la Audiencia, mostrándose convencido de que "se actuó con total legitimidad" y de que "no hay causa penal".

Ha precisado que el asunto surge por la disconformidad de uno de los 15 propietarios con los que se trató el asunto, los cuales consideran que se les "ha expropiado ilegítimamente unos metros de su finca" y piden también ser resarcidos con más de 300.000 euros.

Según consta en el escrito de conclusiones absolutorias del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al 21 de septiembre de 2004, cuando Bracero, en su condición de alcalde de Pulianas, suscribió una escritura con dos hermanos, dueños de unas parcelas que el Ayuntamiento precisaba adquirir "con la mayor celeridad posible" para "no entorpecer el transcurso de una obras públicas".

Las estaba ejecutando la Diputación de Granada y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en colaboración con el Ayuntamiento y su objetivo era la ampliación de la carretera a Granada y la mejora de las redes de abastecimiento de agua y saneamiento, así como el encauzamiento del río Juncaril.

En la escritura firmada por las partes, se exponía la pretensión del Ayuntamiento de adquirir por permuta parte de las fincas de estos hermanos y se fijaba una serie de obligaciones a los propietarios para formalizarlo en escritura pública.

No queda probado a juicio de la Fiscalía que, como sostiene la acusación particular, la suscripción de este documento fuera el engaño que el acusado utilizó para obtener la disponibilidad de los terrenos "evitando así que el Ayuntamiento de Pulianas tuviera que hacer frente a las posibles responsabilidades derivadas del retraso en la ejecución de los trabajos y consiguiendo la terminación de las obras".

Para la acusación particular, Bracero sabía a la firma del documento que el mismo era "irrealizable", en lo que configura un posible delito de prevaricación, lo que el Ministerio Público no considera tampoco probado.

Advierte la Fiscalía de que lo firmado no es una permuta, puesto que la intención era transmitir la posesión de las fincas para la citada intervención pública pero "no su propiedad", de modo que el perjuicio que se causa al propietario es el de privarle de su uso, que es muy limitado por estar el terreno afectado a una servidumbre pública.

A ello suma que uno de los factores por los que no se pudo realizar la permuta fue la falta de cumplimiento de los particulares de las obligaciones que asumieron.

"El propio documento establece las consecuencias del incumplimiento por cualquiera de las partes y los efectos de la resolución del contrato por desacuerdo, que supondrían siempre la entrega del valor de los terrenos a sus propietarios dada su imposible reversión, por lo que el incumplimiento de lo pactado en la escritura encuentra --a juicio del fiscal-- un mejor acomodo en otros órdenes jurisdiccionales".