Juzgan en septiembre a los acusados de agredir a agentes de la Guardia Civil durante una detención

El principal acusado, considerado como el "delincuente" más buscado de la provincia, se enfrenta a una pena de ocho años de cárcel

Juzgados de Granada en Caleta
Juzgados de Caleta | Foto: Archivo GD
Europa Press
0

El Juzgado de lo Penal número 5 ha fijado para el 13 de septiembre el inicio del juicio oral contra 14 procesados por su supuesta participación en las agresiones que sufrieron un grupo de guardias civiles en la detención en Pinos Puente, en el cinturón metropolitano de Granada, a finales de diciembre de 2020, en la detención del que era considerado como el "delincuente" más buscado de la provincia, un "peligroso" joven que estaba reclamado por catorce juzgados, aunque el Instituto Armado le detuvo como presunto autor de varios tiroteos con tentativa de homicidio y varios vuelcos de marihuana.

El entonces detenido en esta operación Kyrios es también uno de los procesados en esta causa por las agresiones a estos guardias civiles, según consta en la diligencia de ordenación del juzgado, con fecha del pasado 28 de abril, consultada por Europa Press, y se enfrenta a una petición de un total de ocho años de prisión por la Fiscalía, según su escrito de conclusiones provisionales.

Según informó en su día la Guardia Civil en una nota de prensa, un tiroteo ocurrido en Albolote, también en el área metropolitana, el 6 de febrero de 2020 fue el origen de esta operación para localizar a este joven, cuya peligrosidad reside en que presuntamente iba armado y se sospecha que no dudaba en disparar.

No tenía un domicilio fijo y contaba con el apoyo de su entorno familiar y de su grupo de amigos y conocidos en un barrio de Pinos Puente que le facilitaban la huida y dificultaban la labor de los guardias civiles cada vez que lo habían intentado detener.

La detención tuvo lugar cuando agentes de paisano desplegados en torno a un domicilio en Pinos Puente lo vieron llegar en un turismo. Rápidamente lo rodearon e intentaron detenerlo, pero se resistió dando mordiscos y patadas, a la vez que gritaba pidiendo ayuda, según detalló la Benmérita.

Al momento una muchedumbre supuestamente rodeó a los agentes y los agredieron intentando arrebatarle al detenido. Hasta en dos ocasiones habrían conseguido arrancarlo de las manos de los agentes. En la última sus familiares habrían intentado meterlo en un coche y huir con él, pero los guardias civiles, "a pesar de los golpes recibidos, consiguieron detenerlo definitivamente".

El dispositivo inicial era de diez guardias civiles, pero acabó siendo de más de 20 agentes para poder contener a las más de sesenta personas que intentaron evitar la detención, en la que el joven se habría resistido con mordiscos, patadas y cabezazos.

Durante la detención resultaron heridos de distinta consideración seis agentes por mordeduras y golpes. Los vehículos oficiales también resultaron dañados por una lluvia de piedras cuando la Guardia Civil abandonó la zona con el detenido. El Instituto Armado puso entonces en marcha otra investigación para identificar a todos los que agredieron a los agentes y dañaron los vehículos oficiales intentando evitar la detención.

En el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, se indica que el detenido, "de forma absolutamente consciente y voluntaria para impedir su detención, realizó un llamamiento al resto de acusados a los que generó una voluntad para que de forma concertada y coordinada" supuestamente "acorralaran a los agentes y arremetieran contra ellas".

Peticiones de hasta ocho años

Por ello se enfrenta en esta causa, en la que el letrado Félix Fernández ejerce la defensa de uno de los acusados, a una petición fiscal de ocho años de prisión por la presunta comisión de dos delitos de atentado en concurso con otro de lesiones, de otros dos ilícitos de lesiones leves, y de resistencia a los agentes de la autoridad.

Una hermana de él se enfrenta a un total de cinco años por supuestos atentado en concurso con lesiones y resistencia a los agentes de la autoridad, mientras que para el resto la Fiscalía interesa un año de cárcel por la presunta comisión de este último ilícito.