La Abogacía granadina exige la derogación "inmediata" de la Ley de Tasas

Ante el segundo aniversario de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley de Tasas Judiciales, la Abogacía granadina ha vuelo a reclamar la derogación inmediata de "una norma injusta que compromete el acceso a la Justicia de los ciudadanos y el derecho a la tutela judicial efectiva".

Durante los dos últimos años, la Abogacía institucional ha liderado las protestas de los colectivos jurídicos para exigir la retirada de las tasas judiciales.

En Granada, el colegio y los profesionales de la Abogacía han protagonizado un férreo movimiento de oposición contra una ley "inconstitucional, injusta y desproporcionada". Así lo asegura el decano del Colegio de Abogados de Granada, Eduardo Torres, que señala que la Ley de Tasas ha consagrado "una Justicia para ricos y otra para pobres" y "ha puesto obstáculos insalvables a los ciudadanos con menos recursos para acceder a a Justicia. Dos años después de su entrada en vigor, resulta obvio que el fin de la Ley de Tasas es únicamente disuasorio y recaudatorio".

Según una respuesta parlamentaria del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes recogida en el Boletín del Congreso de los Diputados del 29 de octubre de 2014, las tasas judiciales han recaudado en Granada más de 6,1 millones de euros desde su entrada en vigor hasta el pasado mes de julio.

Sin embargo, la Abogacía denuncia que esta cantidad (que en el conjunto nacional asciende a 512 millones de euros) no se ha destinado, como prometió el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a mejorar la asistencia jurídica gratuita, "lo que refuerza el argumento de que las tasas no buscan otro fin que recaudar limitando el acceso de los ciudadanos a la Justicia".

La oposición social y profesional a la Ley de Tasas ha sido unánime. A las protestas y concentraciones convocadas estos dos años se han sumado, además, cinco recursos de inconstitucionalidad, interpuestos por el Gobierno Andaluz, la Generalitat de Cataluña, el Grupo Parlamentario Socialista, el Gobierno de Canarias y la Diputación de Aragón, así como cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por Juzgados de lo Social, de Primera Instancia y de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que consideran que "las tasas son un impedimento innecesario e injustificado para obtener el derecho a la tutela judicial efectiva".