La Asociación para la Recuperación de la Memoria presentará el caso de Lorca ante la jueza Servini
El colectivo solicitará a la jueza que reclame al Gobierno de España cualquier documentación similar que pueda servir para conocer el paradero de desaparecidos y esclarecer los hechos que desembocaron en sus detenciones ilegales y posteriores asesinatos
Manrique Pascual
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) presentará una denuncia por la desaparición del poeta Federico García Lorca ante la jueza argentina María Servini de Cubría, que desde abril de 2010 investiga las violaciones de derechos humanos de la dictadura franquista.
La decisión está relacionada con la aparición de unos documentos que la ARMH ha custodiado varios meses antes de que salieran a la luz hace unas semanas donde se describe un relato de las últimas horas de vida de Federico García Lorca, así de las razones por las cuales fue tomada la decisión de asesinarlo.
El colectivo solicitará a la jueza que reclame al Gobierno de España cualquier documentación similar que pueda servir para conocer el paradero de desaparecidos y esclarecer los hechos que desembocaron en sus detenciones ilegales y posteriores asesinatos.
"En un documento de la 3ª Brigada Regional de Investigación Social de la Jefatura Superior de Policía de Granada, de fecha 9 de julio de 1965 figura un relato que acredita de manera fehaciente las circunstancias de la detención y asesinato del poeta Federico García Lorca, que paso a resumir [...] Una vez efectuada la detención, se condujo a García Lorca a los calabozos del Gobierno Civil", reza el texto con el que se redactará la denuncia para poner en conocimiento de la jueza.
A continuación, el documento asevera lo más grave de lo ocurrido a partir de ese momento: "Se ha podido precisar" que García Lorca fue sacado del Gobierno Civil "por fuerzas dependientes del mismo" y conducido en un coche al término de Viznar, provincia de Granada, junto a otro detenido cuyas circunstancias personales se desconocen, y que en las inmediaciones de un lugar conocido como Fuente Grande "fue pasado por las armas".
Y termina refiriéndose a las "duras recriminaciones" sufridas por la familia Rosales Camacho por haber amparado a García Lorca y al "evidente peligro de una grave sanción de la Autoridad gubernativa" que pesaba sobre algunos de sus miembros, pero "que evitó la Falange granadina".
