La Audiencia de Granada acogerá el primer juicio con jurado de Andalucía con medidas de seguridad

La Audiencia de Granada prevé celebrar la próxima semana el juicio contra el acusado de matar en 2018 de un tiro a un guardia civil en acto de servicio en Huétor Vega (Granada), una vista oral en la que todos los asistentes llevarán mascarillas y estarán separados los unos de los otros a través de elementos de metacrilato, incluyendo a las miembros del jurado que enjuiciará el caso.

Se trata del primer juicio por la fórmula de jurado popular que se celebrará en la comunidad andaluza desde que se decretara el estado de alarma por la pandemia del coronavirus y para llevarlo a cabo se aplicarán medidas de higiene, seguridad y distanciamiento social, según han informado a Europa Press fuentes del TSJA.

Así, cada miembro del jurado estará separado del resto mediante una especie de caja individual de metacrilato, al igual que el tribunal, el fiscal y la defensa, según han detallado las mismas fuentes.

El juicio, previsto del 1 al 5 de junio en la Sección Segunda de la Audiencia de Provincial de Granada, se celebrará contra el acusado de matar de un tiro, en la madrugada del 15 de octubre de 2018, al guardia civil José Manuel Arcos Sánchez cuando estaba de servicio, al que disparó con su arma reglamentaria tras arrebatársela.

La Fiscalía ha solicitado para él un total de 27 años de prisión, pues al delito de homicidio, de daños y de robo de vehículo a motor inicialmente previstos sumó en su momento otro de depósito de armas de guerra.

El fiscal mantiene que aquella noche, sobre las cuatro de la madrugada, el acusado empuñó, en el marco de una persecución, "el arma a corta distancia del agente y, con intención de acabar con su vida, efectuó un disparo hacia la zona situada entre el abdomen y la ingle" que le provocó la pérdida masiva de sangre y el fallecimiento por shok hipovolémico.

La persecución se inició cuando supuestamente el acusado "aceleró" tras darle el guardia civil el alto, junto con la agente en prácticas que lo acompañaba, después de que realizara "una maniobra que resultó sospechosa (...) probablemente porque manejaba un vehículo robado y porque portaba una mochila con un arma" considerada de guerra que arrojó durante la huida.

Los agentes decidieron seguirlo activando los indicativos luminosos por la A-4027 en dirección Huétor Vega, con la intención de que detuviera el automóvil y poder identificarlo.

El acusado, lejos de detenerse, aceleró la marcha y entró a gran velocidad en la población haciendo caso omiso a los requerimientos de los agentes hasta que perdió el control del vehículo y colisionó con un coche que estaba estacionado en una calle sin salida, lo que motivó que continuara su huida a pie.

En un momento dado, el agente ahora fallecido y el acusado se adentraron en una zona ajardinada donde el primero dio alcance al segundo, si bien el procesado logró apoderarse del arma reglamentaria del guardia civil y le disparó.

En ese momento llegó la otra agente, que acaba de oír el disparo, y viendo cómo el cuerpo de su compañero se desplomaba, montó su arma reglamentaria y efectuó un par de disparos al aire, pero el procesado logró huir definitivamente al quedar la guardia civil cuidando a su compañero.

El acusado, que se había quedado con la pistola del agente, se dirigió entonces a un cortijo situado en El Camino de las Huertas, en Monachil, donde se cambió parcialmente de ropa y permaneció oculto hasta la 9.30 horas, cuando robó una furgoneta con la que circuló hasta las 10.00 horas, momento en el que fue detenido en la GR-3202 por agentes de la Guardia Civil en un control montado al efecto.

En su interior se encontró oculta la pistola que había sido sustraída al guardia civil fallecido y con la que había efectuado el disparo.

Junto a la pena de cárcel, la Fiscalía reclama para el acusado el pago de multas por algo más de 2.000 euros y más de 334.000 euros en indemnizaciones para la mujer y los dos hijos que dejó el agente fallecido.

La acusación particular, que ejerce la familia de la víctima representada por el bufete HispaColex, ha solicitado 42 años y medio de prisión; y la Abogacía del Estado, que representa los intereses de la guardia civil en prácticas que acompañaba al fallecido, 37 años. A ello se suman las acusaciones populares ejercidas por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (que pide 23 años) y la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil, que se adhiere a la petición del fiscal.