La Audiencia Nacional confirma el archivo de la querella por lesa humanidad por el asesinato de Luis Portero
Los magistrados consideran que el número elevado de víctimas no convierte un ataque terrorista en un crimen contra la humanidad
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el archivo de la querella por delitos de lesa humanidad presentada por Daniel Portero, presidente de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, por el asesinato de su padre, el fiscal Luis Portero, el 9 de octubre de 2000 en Granada.
En ella defendía que el asesinato selectivo de Portero formó parte de una política a gran escala de persecución, asesinato y matanzas, dirigida por los integrantes de las distintas cúpulas de ETA. Consideraba que la banda terrorista actuó en tal crimen "como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil".
En un auto hecho público este viernes, los magistrados Alfonso Guevara, Ángeles Barreiro y Fermín Echarri difieren de este criterio y consideran que el número elevado de víctimas no convierte un ataque terrorista en un crimen contra la humanidad.
"Aunque el terrorismo sea una forma de ataque letal que puede afectar a un número elevado de víctimas y tener un carácter transnacional, ello por sí solo no sirve para dotarle de las características técnicas que configuran los delitos de lesa humanidad", explican.
En su opinión, para que se pueda hablar de que se produjo "un ataque generalizado" tendría que haberse contado con la tolerancia de los aparatos de poder, o con la existencia de una organización capaz de aprovechar el descontrol de éstos en un territorio concreto.
También advierten los tres jueces que los hechos denunciados difieren del caso del exmilitar argentino Adolfo Scilingo, condenado por participar en los conocidos como vuelos de la muerte, en los que arrojó al mar a supuestos opositores detenidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).
El juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González admitió en julio del pasado año varias querellas presentadas por DyJ y otras víctimas por delito de lesa humanidad en concurso real con delitos de asesinato, pero estableció que se investigarían aquellos delitos cometidos a partir del 1 de octubre de 2004 y hasta la actualidad. Consideró que no podían investigarse hechos anteriores dado que el Código Penal no incorporó hasta esa fecha la figura sobre este tipo de crímenes.
