La Audiencia Nacional juzga a once islamistas por querer volar el Metro de Barcelona

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará a partir de este jueves y hasta el 30 de noviembre a once presuntos islamistas --nueve paquistaníes y dos indios-- que están acusados de querer atentar en el Metro de Barcelona para aprovechar las "dificultades" de acceso de los servicios de emergencia.

El fiscal Vicente González Mota solicita para los miembros de esta célula, que fueron detenidos en la capital catalana en enero de 2008, penas que van desde los 9 hasta los 18 años de cárcel por los delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia de sustancias explosivas y falsificación de documento oficial.

Los acusados que afrontan la petición más alta de la Fiscalía, con 18 años de cárcel, son Maroof Ahmed Mirza, Mohammad Ayud Elahi Bibi y Qadeer Malik, a los que el Ministerio Público sitúa como dirigentes del grupo. Además, el fiscal solicita 16 años de prisión para Abdul Hafeez Ahmed, Shaib Iqbal, Mohamed Tarik, Roshan Jamal Khan e Imran Cheema, así como nueve años para Mohamed Shoaib, Mehmooh Khalid y Aqueel Ur Rehman Abbasi.

Sin embargo, no acusa a ninguno de los procesados de los delitos de atentado en grado de tentativa o de conspiración para la comisión de un atentado, como pide la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), que ejerce la acción popular en la causa y solicita 315 años de prisión para cada uno de los acusados. La defensa, por su parte, reclama su libre absolución.

CARGAS EXPLOSIVAS ACTIVADAS A DISTANCIA

El atentado se iba a realizar mediante "la utilización de explosivos por parte de suicidas en la red de transporte público de Barcelona", según revela el escrito del fiscal, que añade que los islamistas encargados de introducirse en los vagones del Metro "irían provistos de mecanismos de activación de la carga explosiva a distancia, para asegurarse los responsables del grupo de que cometerían la acción suicida".

Los acusados poseían en los domicilios registrados después de las detenciones material de exaltación de la "yihad" y una bolsa con nitrocelulosa y perclorato potásico procedente del vaciado de bengalas pirotécnicas, según el Ministerio Público. Disponían también de cables, temporizadores y pilas, "componentes para la carga explosiva o de iniciación y los balines de metrallas".

Las intenciones de la célula fueron destapadas gracias a la declaración de uno de sus miembros que cuenta con la condición de testigo protegido en la causa y que confesó el atentado al tener en cuenta que en como consecuencia de esta acción "morirían personas y niños como sus propios hijos".

El testigo, identificado como F1, formaba parte del movimiento Tarik e Tabligh, al que pertenecían todos los integrantes del grupo, que pretende instaurar un régimen talibán en Pakistán y un Estado islámico regido por la ley de la sharia, así como luchar contra el Gobierno actual y cualquier influencia occidental en el país, dice el fiscal.

A petición de los responsables de la célula, F1 viajó a Barcelona y contactó con los dirigentes que le informaron de que estaban preparados para atentar contra el metro de Barcelona. "Fue especialmente consciente de ello cuando tras conversar telefónicamente con su familia, los acusados le dijeron que era su llamada de despedida por cuanto iban a realizar de manera inminente las acciones suicidas", dice González Mota.

MÁS ACCIONES TERRORISTAS

El atentado en la capital catalana no iba a ser el único, según el escrito, ya que el líder Amir Baitullah Mehssod, emir de los talibanes en Waziristán, tenía previsto efectuar unas peticiones después del atentado que, en caso de no ser atendidas, desencadenarían otras acciones terroristas en distintos puntos de Europa.

El núcleo de la célula fue detenido en Barcelona el 19 de enero de 2008. Un día después, fue arrestado en Breda (Holanda) Aqueel Ur Rehman Abbasi. Según el Ismael Moreno, que se encargó de la instrucción, los presuntos terroristas pretendían cometer su acción entre los días 18 y 20 de ese mismo mes. El magistrado defendió en un auto que la célula había adquirido capacidad para realizar un atentado, si bien "el material explosivo incautado no tenía suficiente capacidad destructiva para causar estragos".