La Casa Ágreda: una lucha judicial de tres años

En 2007 cerraba sus puertas la Casa Ágreda, un palacete ubicado en la Cuesta de Santa Inés, en pleno Albaicín, que ahora vuelve a estar al servicio de su ciudad. Desde entonces, este enclave que data del Siglo XVI ha estado muy presente en la actualidad de Granada, aunque siempre con una sombra en forma de duda cernida sobre él.

Sin saberlo, en aquel momento hace doce años comenzaba una travesía que ha dado como resultado un proceso judicial que se inició en 2016 y tuvo su continuación en 2018 hasta llegar finalmente a su desenlace en la jornada de ayer. El origen de todo tuvo lugar cuatro años atrás, en 2015, cuando el equipo de gobierno local -con Torres Hurtado al frente en aquel entonces- vendió el derecho de superficie de la Casa Ágreda a la ONG AIDE por 240.000€ para que lo reformasen, pudiendo adquirirlo un año después en propiedad por 1,6 millones, una cantidad que incluso en los documentos internos del partido se manejó como mucho inferior al precio real del inmueble.

Esta operación, realizada para sufragar el desgaste de la puesta en marcha de la LAC, levantó sospechas desde el primer momento. Por un lado, se habló de que empleados municipales podrían haber sido coaccionados para que esto terminase pasando, mientras que por el otro se sospechaba que esta podría ser una fórmula mediante la cual AIDE, de origen franco-marroquí, blanquease dinero. Con estas dudas, se abrió un expediente para investigar la venta.

Durante el proceso judicial, fueron múltiples las personas que tuvieron que declarar ante el juez, tanto empleados municipales como ediles, el propio alcalde o la ONG. Desde AIDE defendieron la legalidad del expediente ante el juez, que finalizó asegurando que no parecía que se hubiese quebrado el interés legítimo de los ciudadanos granadinos al destinar a un fin de interés social el edificio merced a la recepción de una significativa cantidad de dinero para las arcas públicas, por lo que decidió archivar la causa. 

Tras la llegada del nuevo equipo de gobierno local, el Ayuntamiento decidió iniciar otra vez el procedimiento para recuperarla, partiendo desde cero. En esta ocasión, decidieron esgrimir el argumento de que AIDE no había cumplido con su parte del contrato al no realizar reforma alguna sobre el inmueble, declarado Bien de Interés Cultural.

En 2018 se decidió realizar una inspección para conocer mejor el estado del palacete después de que se denunciase una dejadez por parte de la ONG que podía afectar tanto al edificio como a las cosas de su interior. Fue entonces donde se abrió la vía que se ha seguido para la consecución de la recuperación de la Casa Ágreda. Ante la evidencia del abandono, se abrió una nueva causa que finalizó ayer con la decisión del juez de dar la razón al consistorio, que vuelve a ser el propietario del inmueble, además de obligar a AIDE a correr con el pago de los gastos notariales y abonar a la ciudad el coste de las obras de mantenimiento que nunca llegó a realizar. Por su parte, el Ayuntamiento deberá devolver a la ONG los 314.600€ más intereses que pagaron en su momento.

Doce años en los que el enclave no ha tenido ningún uso, cuatro años de propiedad en una empresa sobrevolada por la duda del blanqueo de capitales ante la opacidad de sus cuentas, tres años de juicios y, ahora, un final feliz. La Casa Ágreda pasará a servir a toda Granada, pues el alcalde anunció ayer que este enclave será utilizado como futura sede del Museo de la Ciudad.