La CGE advierte del "daño" que provoca a las empresas "la morosidad" del Ayuntamiento de Granada
El Ayuntamiento granadino tarda en pagar a sus proveedores 137,68 días de media, más de cuatro veces del techo legal
El presidente de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), Gerardo Cuerva, ha mostrado este lunes su "especial preocupación" por la situación financiera del Ayuntamiento de Granada, que, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda, se ha convertido en el segundo ayuntamiento de una capital de provincia española con mayor período medio de pago a proveedores.
El Ayuntamiento granadino tarda en pagar a sus proveedores 137,68 días de media, más de cuatro veces del techo legal, lo que supone una situación "inasumible" para las empresas que Cuerva llama a "atajar".
El presidente de la CGE ha advertido en un comunicado del "profundo daño y el perjuicio económico" que la morosidad de las administraciones públicas causa en el tejido empresarial, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.
"Las pymes se enfrentan a retrasos en los pagos que son imposibles de asumir y que, en muchos casos, las condenan a una complicada situación financiera", ha lamentado, recordando que casi el 31 por ciento de las empresas señala la morosidad como el aspecto que impacta más desfavorablemente en sus negocios.
Cuerva, que ha pedido una mayor implicación de todos los agentes políticos y económicos para sacar adelante medidas que combatan la morosidad, ha enfatizado que "desde las organizaciones empresariales llevan años advirtiendo del enorme daño que ocasiona a las empresas la morosidad de la Administración Pública, que incumple sistemáticamente la ley en lo relacionado con el período de pago a proveedores".
Según los datos del Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial de Cepyme, los ayuntamientos continúan siendo las administraciones públicas que acumulan un mayor retraso en el pago de sus facturas a los proveedores, aunque los plazos medios se han reducido de 107 días en el tercer trimestre de 2016 a 87,6 días, todavía muy por encima de los 30 días que establece la Ley.
En las comunidades autónomas, los plazos de pago se redujeron hasta los 57 días, mientras que en los organismos y entes públicos dependientes de la Administración General del Estado aumentaron hasta los 55,9 días. La administración central presenta los menores retrasos de pago del conjunto de las administraciones públicas, con una media de 48'7 días.
"No podemos permitir que sean los proveedores los que financien a las administraciones, mucho menos cuando se trata de pymes y autónomos", asegura el presidente de la CGE, quien advirtió de que, en muchos casos, "son las empresas las que pagan los problemas de gestión de las administraciones, sobre todo de las corporaciones locales".
