La Diputación aprueba el expediente para la gestión de los residuos de la provincia durante los próximos 25 años

La Corporación Provincial ha aprobado hoy, con los votos favorables del equipo de Gobierno, el expediente de contratación de la gestión del servicio público de tratamiento de residuos municipales en la provincia. La concesión administrativa que surgirá de este trámite, y que sustituirá a la actual, que finaliza este año, tendrá vigencia durante los próximos 25 años con un contrato presupuestado en unos 488 millones de euros.

458 millones de euros estarían destinados para la explotación del servicio en las plantas de Alhendín, Vélez de Benaudalla y las nueve de transferencia que hay en distintos puntos de la provincia. 29 millones de euros se estipulan para la realización de 23 obras de mejora en las instalaciones. El valor del contrato se ha calculado a partir de un precio de 42,91 euros por tonelada de residuos y a partir de ahí se valorarán las mejores ofertas, poniendo por delante el precio que finalmente vayan a pagar las familias.

Los criterios objetivos del pliego de condiciones son mayoría, un total de un 51 por ciento, y solo el resto están sujetos a algún tipo de valoración en torno a las ofertas que las empresas presenten. El portavoz del equipo de Gobierno, José Torrente, ha lamentado los votos de PSOE e IU en contra de la aprobación del expediente de contratación pese a que la fórmula de la concesión administrativa es la misma que se aprobó hace 20 años.

“Habrá que preguntarse la causa de esta decisión”, ha indicado el portavoz que se ha preguntado si “quizá es porque no están manejando el cotarro como otras veces”. Torrente ha recordado también la actitud contraria que han mantenido los grupos de la oposición al saneamiento de la gestión de los residuos en la provincia durante este mandato.

“Hubieran preferido, y eso es algo criticable, dejar hundir el sistema que ellos autorizaron, que esto no funcionara ni se le diera ningún tipo de salida a ese bloqueo, a ese déficit constante que iba a hundir el pozo del tratamiento de residuos, antes que atajar el problema de raíz como ha hecho este Gobierno”, ha añadido Torrente.

El vicepresidente segundo y diputado delegado de Medio Ambiente, José Robles, se ha congratulado del “paso histórico que damos hoy en beneficio de la provincia y por una mejor gestión del tratamiento de los residuos en los municipios” a la par que se ha felicitado también, como consejero delegado de la empresa provincial de vivienda y suelo Visogsa, de la liquidación de la encomienda de gestión que la Diputación hizo a Visogsa entre los años 2001 y 2003 para la construcción de la actual sede principal de la Diputación, un edificio de sanidad vegetal, un centro de animales vagabundos, la sede del CIE y el parque móvil. Se autorizaron 21 millones de euros pero se gastaron 39,5 millones de euros generando, tras una serie de ajustes, un “agujero” de 17,5 millones de euros que en los diferentes mandatos socialistas no se subsanó.

Aún quedaban más de ocho millones de euros pendientes de facturar de los que se derivará un pago de IVA que supone hoy 400.000 euros más a la Institución Provincial que si se hubiera abonado en su día. En este sentido, el vicepresidente segundo ha lamentado que el modelo de gestión del PSOE se centre en los “intereses particulares y partidistas” antes que en los generales de la Corporación Provincial.

“Han pasado seis consejeros delegados por la empresa y cuatro diputados de Economía socialistas y, en más de once años, han sido incapaces de resolver este expediente no sabemos con qué razón”, ha remarcado Robles a este respecto.

El edificio principal de la Diputación, donde se ubican sus dependencias desde 2006, aún no ha podido ser recepcionado debido a estos desajustes. El edificio de sanidad vegetal no cuenta con ningún documento de motivación que acredite el cambio de su emplazamiento desde El Fargue, en Granada, donde se proyectó inicialmente, a Fuente Vaqueros, donde finalmente se construyó. Tampoco hay documento del encargo a Visogsa de la construcción del parque móvil que contó con un presupuesto de 700.000 euros.

Además, el acuerdo de pleno advirtió en su día que las prórrogas serían excepcionales para esta encomienda de gestión para el periodo 2001-2003 que finalmente ha sido liquidada hoy por el actual equipo de Gobierno.

El orden del día también ha incluido la aprobación de la propuesta técnica sobre ejercicio de competencias de la Diputación en aplicación de la nueva ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Han sido los técnicos de la Institución Provincial los integrantes de una comisión que ha definido, atendiendo a lo que marca la ley, por un lado, y a las áreas de trabajo de la Diputación, por otro, las competencias propias e impropias supeditadas a conveniarse, en este último caso, tanto con la Junta de Andalucía como con el Gobierno de la Nación.