La Diputación modifica la estructura de sus centros sociales para "consolidar el empleo y garantizar su futuro"
La modificación de la estructura de los centros sociales tiene por objeto hacerla más sostenible y operativa, y reducir el gasto en cargos.
El pleno de la Diputación de Granada ha aprobado este martes modificar la estructura de los centros sociales de Armilla y de Huéscar para asegurar su mantenimiento y los servicios públicos que presta a 450 personas de la provincia.
Se trata de "consolidar el empleo y garantizar su futuro", según ha indicado la Diputación de Granada en una nota de prensa sobre esta modificación que responde a un acuerdo firmado en julio de 2016 con los sindicatos de la institución provincial para fortalecer los servicios que presta, así como contar con el número de puestos de trabajo necesarios para prestar una atención adecuada a los usuarios y a sus familias y, al mismo tiempo, "hacer los centros sostenibles económicamente y más rentables socialmente".
El diputado provincial de Recursos Humanos, Economía y Patrimonio, Manuel Gómez, ha explicado que los centros sociales "continúan con un sistema de gestión pública directa y con mantenimiento del empleo público, con el objetivo de hacerlos sostenibles y mejorar la atención y el servicio a los ciudadanos en condiciones de calidad".
La modificación de la estructura de los centros sociales tiene por objeto hacerla más sostenible y operativa, y reducir el gasto en cargos. Esta decisión forma parte de una serie de medidas que se irán adoptando para "reducir el desequilibrio presupuestario existente en los centros, que asciende a 18 millones de euros".
Los centros sociales de Diputación tienen un coste anual de unos 23 millones de euros. En menos de un año, la institución ha logrado aumentar el número de plazas concertadas en 33.
Este último es uno de los objetivos del acuerdo firmado con los sindicatos, que establece, entre otras prioridades, "mantener los servicios públicos que prestan los centros con la mayor calidad posible, de acuerdo con las ratios públicas, iniciar un proceso de mejora de sostenibilidad de los centros, establecer planes de formación para los trabajadores y poner en marcha medidas e inversiones encaminadas al ahorro energético", ha informado la Diputación.
Así, la propuesta aprobada constituye un primer paso para reducir costes y hacer los centros más sostenibles. A esta circunstancia responde "la racionalización general de la estructura de puestos de trabajo", así como "la creación de departamentos específicos y la redimensión de la estructura organizativa".
