La directora general de Urbanismo niega la trama corrupta en Granada o trato de favor a empresarios

La directora general de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada desde 2013 ha negado este martes poder de decisión y ha enmarcado su actuación en la redacción de informes o propuestas que nunca han pretendido otorgar un trato de favor a empresarios, por lo que ha afirmado que no forma parte de ninguna trama corrupta en la ciudad.

La funcionaria, que ganó su puesto por oposición hace 27 años, ha declarado ante el Juzgado de Instrucción 2 de Granada durante aproximadamente hora y media después de que fuera arrestada el pasado mes de abril en el marco de la 'Operación Nazarí', que también supuso la detención del entonces alcalde, José Torres Hurtado, y la edil de Urbanismo.

La investigada ha sido interrogada por la titular del Juzgado, Mª Ángeles Jiménez, y la fiscal delegada de Medio Ambiente y Urbanismo, Sara Muñoz Cobo, por asuntos relacionados principalmente con el Pabellón Mulhacén y el proyecto de Ciudad de la Luz, pero también por la residencia universitaria del Campus de la Salud, o el Edificio Progreso --donde actualmente está ubicada la sede del PP granadino--.

Su abogado, Ignacio Gordillo, ha explicado a los periodistas al término de la declaración que la funcionaria ha explicado que nunca ha redactado resoluciones, sino propuestas o informes, que además venían avalados por los técnicos del área correspondiente, para que tomasen la decisión oportuna o la Concejalía implicada o el pleno del Ayuntamiento.

Ha negado haber dado trato de favor a empresarios o formar parte de alguna trama corrupta y ha asegurado que siempre ha actuado conforme al ordenamiento jurídico. Según su letrado, en los 18 expedientes que se llevó la Policía y en los que ella intervino, actuó conforme a derecho.

Además, ha aclarado que ella se encargaba del área de planeamiento y gestión, pero que no tenía a su cargo ni licencias, ni obras, ni edificaciones, que correspondían a otras direcciones generales distintas.

Antes que ella, ha declarado durante aproximadamente 40 minutos como otra de las investigadas, una abogada, que fue la secretaria de la Junta de Compensación del Proyecto de Ciudad de la Luz.

TERMINAN LAS DECLARACIONES DE INVESTIGADOS

Con estas dos declaraciones se cierra la ronda de investigados prevista por el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que acaba de prorrogar un mes más el secreto de sumario, un plazo que no tiene por qué consumirse entero, según fuentes judiciales.

Fue el pasado jueves 12 de mayo cuando declaró ante la juez José Torres Hurtado, que defendió su "absoluta inocencia" y se desvinculó de la gestión urbanística en el Ayuntamiento, que "siempre", según dijo, ha estado "en manos" de los funcionarios y del concejal del área al tener él "delegadas las competencias".

Justo un día antes tuvo que visitar la sede judicial la que fuera concejal de Urbanismo Isabel Nieto, que negó haber cometido irregularidades en su gestión y atribuyó el origen de la supuesta trama de corrupción que se investiga en la ciudad a una serie de "denuncias falsas" con las que se pretende "deformar la realidad".

Torres Hurtado dimitió junto a la exconcejal el pasado 18 de abril, unos días después de que ambos fueran arrestados por un caso en el que hay 17 personas investigadas y que ha desencadenado un cambio de signo político en el gobierno de la ciudad, ahora presidido por el socialista Francisco Cuenca.

Con las dos mujeres de este martes, ya han comparecido los 17 investigados. El primero en declarar fue un registrador de la propiedad, seguido del empresario y presidente de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Edificios de Granada (ACP), Enrique Legerén, la apoderada de la empresa de Romero JJ Consulting, el empresario Roberto García Arrabal, el consejero delegado de Casería de San Jerónimo, empleado de Romero, el promotor José Julián Romero, un funcionario ya jubilado del área de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada, el interventor municipal, y otros cuatro altos cargos de Urbanismo.

A ellos se suman la secretaria general del Ayuntamiento, la exedil de Urbanismo y el exalcalde, la directora general de Urbanismo y la abogada de un conocido despacho de letrados.

El Juzgado de Instrucción 2 investiga, tras la querella del Ministerio Público, la alteración y modificación presuntamente fraudulenta del concurso-licitación de la concesión administrativa de la parcela de uso deportivo sita en la calle Torre de la Pólvora 35 de Granada que tenía por objeto la ejecución de un pabellón deportivo.

A las diligencias de Instrucción 2 se acumularon como pieza separada otras del Juzgado de Instrucción 6 de Granada, incoadas también en virtud de querella de la Fiscalía interpuesta tras las investigaciones efectuadas por presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos, en relación a las irregularidades en las obras de urbanización del Plan Parcial PP-N2, desviación de un barranco y concesión de licencias de primera ocupación de 300 viviendas, trasteros y garajes del residencial Ciudad de la Luz.

Asimismo, de las actuaciones llevadas a cabo por el Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Andalucía Oriental y la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF pueden resultar, según informó en su día la Fiscalía General del Estado, "irregularidades en otros expedientes tramitados por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, que se están investigando".

Torres Hurtado e Isabel Nieto fueron puestos en libertad con cargos el pasado día 13 de abril tras ser detenidos y declarar en la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental por su presunta implicación en esta supuesta trama corrupta en el área de Urbanismo.

En las diligencias, declaradas secretas, se están investigando presuntos delitos de cohecho, fraude en la contratación, asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, estafa, falsedad en documento mercantil, administración desleal y contra la ordenación del territorio.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional desplegó desde primera hora de la mañana del pasado 13 de abril un dispositivo que incluyó registros en el despacho de la secretaria general del Ayuntamiento, en la Plaza del Carmen; y en la sede de Urbanismo, en la plaza Gran Capitán, de donde la Policía sacó cajas con documentación.

Asimismo registraron varios domicilios, entre ellos la casa del alcalde, y empresas de Granada. Tras los registros, los detenidos fueron conducidos a la sede policial para declarar. Torres Hurtado, que fue retenido durante unas horas en su casa, con motivo del registro, fue trasladado después al Ayuntamiento y con posterioridad a la Jefatura de Policía.