La Eurocámara decide hoy si aprueba el acuerdo de pesca con Marruecos

El pleno del Parlamento Europeo decidirá este martes si aprueba el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos que, a cambio de un pago anual de 40 millones de euros durante cuatro años, permitiría a la flota comunitaria regresar a los caladeros que gestiona Rabat y que tuvo que abandonar en diciembre de 2011 por la oposición de la Eurocámara.

Los eurodiputados de la comisión de Pesca ya dieron su visto bueno al nuevo régimen pesquero el pasado noviembre y será su opinión la que se someta al voto del Hemiciclo este martes. También apoyan su aprobación las comisiones europarlamentarias de Presupuestos y de Desarrollo.

Los buques europeos obtienen con el acuerdo 126 licencias, de las que un centenar serán para españoles, sobre todo andaluces y canarios, y beneficiará a cerca de 1.500 tripulantes, de los que 500 serían marroquíes. Además supone un incremento del 33% de las posibilidades de pesca de la flota comunitaria --once Estados miembros pescan en la zona-- con respecto al régimen anterior.

A cambio, Marruecos recibirá una contrapartida de 40 millones de euros anuales durante los cuatro años que tendrá validez el convenio, lo que supone un leve aumento respecto a los 39,5 millones del pacto anterior. Sin embargo, la contribución de las arcas comunitarias se ve reducida a 30 millones anuales y el resto, 10 millones, correrá a cargo de los armadores.

Durante estos dos años, la comisaria de Pesca, Maria Damanaki, ha tenido que renegociar un nuevo acuerdo que resolviera las "dudas" de los eurodiputados con el anterior texto, en especial en lo que respecta al respeto de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental y a la rentabilidad económica y sostenibilidad pesquera del convenio.

La antigua colonia española reclama que sus aguas sean excluidas del acuerdo porque no reconoce el derecho de Rabat a gestionar sus recursos, pero Bruselas y los 28 dan por bueno que se mantengan, a cambio de una cláusula que prevé la suspensión del convenio si se vulneran derechos fundamentales. La Unión Europea también exigirá a Marruecos pruebas periódicas de que la población saharaui se beneficia de la ayuda y del empleo que proporciona el nuevo acuerdo.

Estas condiciones, sin embargo, no convencen ni a Los Verdes ni a la Izquierda Unitaria, grupos en la Eurocámara que abogan por tumbar el acuerdo, frente a los 'populares' y 'socialistas' que, en los debates en comisión, han mostrado su disposición a aprobar el acuerdo.

En un debate ante el pleno de la Eurocámara este lunes, Damanaki ha defendido que el acuerdo cerrado con Rabat está "en plena consonancia" con las exigencias de los eurodiputados, a quienes ha advertido de que ha logrado "el mejor acuerdo posible" y que si no lo ratifican, ningún otro será posible".

La comisaria también ha recalcado que "no ha habido autoridad jurídica alguna hasta ahora" que haya dicho que es "ilegal" un acuerdo con Marruecos que incluya los territorios saharauis, "sino que debe cumplir con ciertas condiciones".

Desde las filas del Partido Popular Europeo (PPE) y de los Socialistas y Demócratas (S&D), varios eurodiputados han apoyado el nuevo acuerdo como un pacto "coherente" con las exigencias de la Eurocámara y con las obligaciones internacionales. Los 'populares' Carmen Fraga y Gabriel Mato han subrayado la "legalidad" del convenio y los beneficios para el sector, una línea que también ha seguido el socialista Antolín Sánchez Presedo.

Por el contrario, el liberal finlandés Nils Torvalds ha advertido de que ha recomendado a su grupo que vote en contra del acuerdo, como también lo harán Los Verdes e Izquierda Unitaria, según han indicado sus representantes. "Marruecos está negociando con unos recursos que no le pertenecen", ha denunciado Raül Romeva (ICV), quien ha asegurado que, desde el punto de vista del derecho internacional, se trata de un convenio "ilegal" e "inmoral".

 

Los Veintiocho y Marruecos han rubricado ya el acuerdo a la espera de la ratificación de la Eurocámara -que puede aprobar o rechazar el texto, pero no modificarlo--, pero para su entrada en vigor serán necesarias aún las aprobaciones formales del Parlamento marroquí y del Consejo de ministros de Pesca de la UE, que se reunirá los próximos 16 y 17 de diciembre.

Este sábado decenas de manifestantes resultaron heridos por la intervención de la Policía marroquí contra una concentración en El Aaiún, capital histórica del Sáhara Occidental, para protestar por este acue4rdo pesquero.

REFORMA PESQUERA

El pleno de la Eurocámara se ocupará de otros asuntos de interés para la flota comunitaria como, por ejemplo, la reforma de la Política Pesquera Común (PPC) que la UE ha consensuado para poner fin a la sobrepesca a partir de 2015 y que los eurodiputados tienen que ratificar.

La reforma ha sido pactada entre los gobiernos europeos, los eurodiputados y la Comisión Europea e incluye objetivos como acabar con los 'descartes', una práctica que consiste en devolver al mar las capturas, ya muertas, que no interesan a la flota por su escaso valor comercial o por las dificultades para su conservación en alta mar.

Pese a la 'tolerancia cero' que exigió Bruselas contra los descartes al inicio de las negociaciones, finalmente los países han conseguido un margen mínimo de descartes que se reducirá progresivamente del 7 al 5 %. Además, las posibilidades de pesca tendrán que ajustarse a los dictámenes científicos y al objetivo de Rendimiento Máximo Sostenible, que condicionará las capturas a que no pongan en riesgo la supervivencia futura de los recursos.

Por otro lado, los eurodiputados se pronunciarán también sobre la propuesta de la comisaria Damanaki de prohibir la pesca de arrastre en aguas profundas del Atlántico noreste, una idea en contra de la que ya se ha pronunciado la comisión de Pesca de la Eurocámara. "Su propuesta es muy radical y es discriminatoria", ha criticado la eurodiputada del PP Carmen Fraga, en un debate este lunes con la comisaria.

Sin embargo, y pese a la posición consensuada en la comisión europarlamentaria, el ponente del informe, el socialista Kriton Arsenis, ha llamado en el debate a aceptar una enmienda a favor de eliminar el arrastre y el enmalle de fondo. Damanaki ha celebrado este giro y ha asegurado que, de salir adelante su propuesta, "sólo se verá afectada el 17 % de la flota" comunitaria, que "no tendrá que dejar de faenar, sino cambiar de arte".

Finalmente, se espera que pidan prorrogar hasta 2020 las ventajas arancelarias de que disfrutan determinados productos pesqueros de Canarias, como el pescado congelado, el marisco y las harinas de pescado, y que expirarán el próximo 31 de diciembre.