La exdirectora de la Alhambra dice que el sistema de compensación de tiques "no estaba permitido"

La exdirectora del Patronato de la Alhambra y el Generalife, María del Mar Villafranca, ha señalado este lunes ante el tribunal que enjuicia el supuesto fraude en el control de accesos al monumento que "no conocía" el sistema de compensación para la gestión de las entradas de grupo y que, de hecho, está fórmula "no estaba permitida en la normativa".

Esta afirmación contradice lo dicho por la mayoría de los acusados en la causa, que han apuntado a este sistema de compensación para justificar los posibles desfases entre el número de visitantes que fijaban las entradas y los que accedían al recinto.

"Ni se conocía, ni se toleraba, ni tenía nada que ver con las instrucciones que se daban", ha precisado Villafranca, que ha abierto este lunes la ronda de testigos en el juicio del llamado 'caso 'Alhambra', que sienta en el banquillo a 49 acusados entre guías turísticos, responsables de agencias de viajes y trabajadores del monumento.

La exdirectora del Patronato ha señalado a preguntas de la Fiscalía que durante el periodo en el que se produjo esta supuesta trama, de 2002 a 2005, una entrada colectiva "no podía ser usada por grupos diferentes" y que "nunca había oído hablar" de este sistema de compensación.

Esta fórmula consistía en que si en un grupo con entrada colectiva faltaban turistas a última hora se compensaba con otros visitantes que entraban posteriormente, pero sin rebasar el cómputo total de personas fijadas en los tiques y sin incumplir el horario de entrada.

Villafranca ha relatado que en abril de 2005 --ella accedió al cargo un año antes-- le llamó la atención que, mientras el turismo en Granada crecía, la venta de entradas al recinto había registrado un descenso, especialmente respecto a los grupos. Junto a ello detectó que había "muchas aglomeraciones" de turistas por las mañanas en los accesos, pero no por las tardes.

Junto a este descenso en la venta de entradas de grupo --que desde la dirección del monumento achacaron a un posible déficit en el ámbito publicitario--, una auditoría informática detectó que los datos de la aplicación de reserva de entradas podían ser "manipulables".

El Patronato, guiado por la pretensión de ofrecer el mejor servicio tecnológico, solicitó a la entidad que lo gestionaba, el BBVA, que crearán un sistema "más garantista".

De hecho, la exdirectora de la Alhambra afirma que nunca tuvo conocimiento de que existiera un problema con las entradas colectivas por la imposibilidad de que cada uno de los turistas pudiera contar con un tique individual.

Así, cuando años más tarde, en 2006, entró en vigor el sistema de entradas por código de barras y otras modificaciones, no fue por tener conocimiento de posibles irregularidades, ha dicho, sino en el "marco de un proceso evolutivo" en la gestión enfocado a "mejorar".

Por otra parte, ha explicado que durante su gestión se produjeron visitas institucionales al monumento pero eran "excepcionales" y "de modo alguno" incumplieron la normativa en lo referido al aforo u otras cuestiones, mientras que ha vinculado la instalación de cámaras con cuestiones de seguridad y no con las supuestas irregularidades que se juzgan en este proceso.

La exdirectora de la Alhambra --quien ha dicho que no conocía ni tenía amistad con la denunciante en este caso y también acusada, María Pilar A., ni el principal acusado, Francisco C.J.-- ha defendido que durante su gestión funcionaba el principio de jerarquización y las decisiones se tomaban de acuerdo al mismo.

"DESCONTROL DE ENTRADAS"

Ha agregado que nunca se le transmitió la existencia de "un descontrol en las entradas" y que el aforo total anual del monumento "nunca se rebasó".

Villafranca ha sido la primera del más de centenar de personas que tendrán que declarar en calidad de testigos ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada a propuesta de las partes. Será previsiblemente el próximo jueves cuando lo haga la exsecretaria del Patronato, Victoria Chamorro. Ambas están investigadas por presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación del servicio de alquiler de las audioguías, una macrocausa independiente de esta.

Los 49 acusados en esta causa se enfrentan a penas de entre cuatro y nueve años de cárcel por delitos de apropiación indebida, estafa, falsedad en documento mercantil, daños al patrimonio histórico-artístico y cohecho. No obstante, cuatro de ellos ya han ratificado un acuerdo de conformidad ante el tribunal que rebaja su pena a entre tres y nueve meses de cárcel.

Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, la presunta trama delictiva estaba encabezada por cinco miembros de una misa familia, dos de ellos guías turísticos, otro director comercial del Hotel Carmen y el resto de las agencias de viajes Washingtong Irving Travel S.L. y Daraxatour S.L..

Estas personas, "con la finalidad de conseguir un provecho patrimonial ilícito, idearon y ejecutaron durante los años 2002 a 2005 un plan" para ingresar lo que sus clientes pagaban para obtener una entrada a la Alhambra, monumento al que accedían pese a este sistema ilícito.

Estos acusados aprovecharon también las relaciones de amistad y profesionales que les unían con otro de los procesados, un guía turístico que durante 40 años prácticamente monopolizó la visita del turismo japonés a Granada gracias a su conocimiento del idioma y contactos con agencias que gestionaban grupos de esta nacionalidad.