La expareja de Juana Rivas le pide hasta cinco años de prisión por la "sustracción" de sus hijos

El italiano Francesco Arcuri ha solicitado para Juana Rivas penas de hasta cinco años de prisión y ocho años de inhabilitación para ejercer la patria potestad sobre los dos hijos que tienen en común en la causa abierta contra ella después de que permaneciera casi un mes ilocalizable incumpliendo la orden judicial que obligaba a entregarle a los niños para que regresaran con él a Italia.

Arcuri, que ejerce la acusación particular en la causa, atribuye a Juana Rivas dos delitos de sustracción de menores, por los que solicita la pena antes citada o, subsidiariamente, un delito de desobediencia de orden judicial por el que pide 9 meses de prisión y el mismo periodo de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad.

En concepto de responsabilidad civil, el padre de los menores reclama que Juana Rivas le abone por los "daños materiales y morales ocasionados" una indemnización de 30.000 euros, más intereses, según consta en el escrito de acusación provisional presentado ante el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, al que ha tenido acceso Europa Press.

Todo ello, por entender que mantuvo "voluntaria, deliberada e injustificadamente" en paradero desconocido a sus dos hijos durante un mes -desde el 26 de julio hasta el 28 de agosto de 2017- con la ayuda de terceras personas que no han sido identificadas y que incumplió las resoluciones judiciales que le obligaban a devolvérselos, pese a "tener pleno conocimiento" de ellas.

Arcuri, que está representado en España por el abogado Enrique Zambrano, señala en su escrito de acusación que Juana Rivas se fue de Carloforte (Italia) con los niños el 18 de mayo de 2016 con la intención de pasar unos días de vacaciones en Maracena. Hasta ese momento, según incide, "no estaban separados" y vivían junto a sus dos hijos, de los que ejercían conjuntamente sus derechos de custodia.

Su día previsto de vuelta era el 27, pero llegado el momento, "excusándose en una situación pasajera de enfermedad de los menores, rehusó volver al domicilio familiar", alegando posteriormente que no podía retomar la relación con él.

"A finales de julio de 2017, a sabiendas de la falta de competencia de los juzgados españoles, para justificar esa conducta unilateral, interpuso demanda de guarda y custodia sobre los menores", algo que no comunicó a Arcuri, como tampoco la denuncia a su juicio "instrumental" que le interpuso a mediados de julio de 2016 en el Juzgado de Violencia sobre la mujer número 2 de Granada por presuntos malos tratos.

"Ante la negativa de Juana Rivas a devolver a los menores", Arcuri promovió el 22 de agosto un procedimiento ante el Ministerio de Justicia de Italia conforme al Convenio de la Haya, tras lo que el Estado Italiano hizo un requerimiento a España que desencadenó una demanda de sustracción internacional de menores. El procedimiento se saldó con una sentencia del Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada en la que se ordenó la inmediata restitución de los menores a Italia.

A ésta le siguieron otras resoluciones que ratificaron esta decisión y que requerían el cumplimiento de esta sentencia fijando fecha y hora para la entrega de los niños, las cuales Rivas incumplió.

Para la acusación particular, sus actuaciones "demuestran sin duda alguna" que tenía "pleno y absoluto conocimiento de las citadas resoluciones" y se refiere en este sentido a uno de los vídeos que la propia Guardia Civil aporta a estas actuaciones, cuando un día antes de desaparecer con los niños, Juana "anuncia con luz y taquígrafos en una multitudinaria rueda de prensa cuál va a ser su posterior actuación: no entregar a los niños", agrega el escrito.

La acusación también aporta entrevistas de la madre de Maracena en los medios donde "reconoce plenamente el conocimiento de la orden de entrega en el punto de encuentro familiar al día siguiente e incluso hace una serie de manifestaciones de su decisión de no entregar a los menores".

La expareja de Juana Rivas argumenta que todos estos hechos le "causaron un evidente perjuicio económico y personal", pues tuvo que trasladarse a España, asumir honorarios de abogado y procurador para poner en marcha su defensa, además de verse privado "injustificadamente" de poder ver a sus hijos.

A ello suma el tener que "soportar las incontables actuaciones en medios de prensa" de Rivas o su asesora jurídica en el Centro de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, "con el evidente ánimo de desacreditarlo públicamente, algo que, según afirma, causó "un daño prácticamente irreparable" en su persona.

De cara al juicio, la defensa de Arcuri solicita, entre otras, las testificales de su cliente mediante videoconferencia, y de la asesora jurídica de Juana Rivas en el Centro Municipal de la Mujer de Maracena, Francisca Granados; así como la reproducción de diversas declaraciones y archivos digitales aportados por la Guardia Civil a la causa.

NUEVO FRENTE ABIERTO
Por otra parte, el abogado de Arcuri ha anunciado en un comunicado su personación en el procedimiento abierto después de que Juana Rivas haya interpuesto una denuncia por supuesto falseamiento de datos y documentos de los menores.

Agrega que aportarán toda la documental necesaria, sobre la cual el Consulado General de Italia en España, así como el Ayuntamiento de Carloforte, acreditarán, afirma el letrado, "no solo la nacionalidad italiana de los menores, sino que los mismos poseen carta de identidad, que fue solicitada como ordena la norma italiana, o sea, por ambos padres, y que Rivas suscribió de forma personal dicho trámite".

Ha defendido que "el único interés que mueve y moverá Arcuri es el superior beneficio de sus hijos, para que sigan con la estabilidad y tranquilidad que ahora mismo disfrutan, en el cual debería haber sido parte la Sra. Rivas, siendo los hechos protagonizados por ésta desde mayo de 2016, la muestra palpable de todo lo contrario", ha sentenciado.