La falta de accesibilidad en las viviendas convierte los hogares en ‘cárceles’ | Vídeo

Un gran número de granadinos se encuentran “atrapados” en sus propios hogares. Se trata de aquellos que cuentan con discapacidad o movilidad reducida y viven en edificios de más de tres plantas que no cuentan con ascensor, haciendo imposible que entren o salgan de sus casas por sí mismos, lo que les priva de su autonomía en este sentido.

La Federación Granadina de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Fegradi) y la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) han realizado una protesta bajo los lemas ‘#Arrestópolis’ y #micasaNOesmicárcel’, querido visibilizar este problema a través de una simulación de los rescates que en ocasiones llegan a necesitar, para lo que han contado con la ayuda del Parque Móvil Norte de Bomberos. Bajo la atenta mirada de los alumnos del CEIP Gómez Moreno, los miembros del cuerpo han hecho descender desde el piso en cuestión en primer lugar una silla de ruedas y, a continuación, a la persona atrapada en su vivienda.

Sin embargo, la realidad no es tan ajena a esta simulación como cabría esperar. Marta Castillo, presidenta de Fegradi, recuerda que “hay muchas personas con movilidad reducida y también personas mayores que tienen esta situación” en Granada, por lo que estos rescates son comunes, dado que no cuentan con la autonomía para entrar y salir de sus casas. Esto se debe a que sus edificios no cumplen con la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que entró en vigor el 4 de diciembre de 2017.

Esta ley especifica que los espacios y edificaciones existentes que fueran susceptibles de ajustes razonables deberían haberse adecuado voluntariamente a las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad antes de la fecha establecida. Sin embargo, María Paz García, coordinadora de la Comisión de Accesibilidad del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada (COAATGR), lamenta que “no se está aplicando ni en edificios públicos” y anima a que esta práctica se denuncie al Ayuntamiento.

El artículo 47 de la Constitución recoge que “todos los españoles, incluidas las personas con discapacidad, tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, sin embargo, la falta de accesibilidad representa una de las causas más frecuentes de discriminación en España. Esto se debe a que, aproximadamente, el 45% de la población de España reside en viviendas en edificios de 3 o más plantas sin ascensor, mientras que casi el 50% de las personas mayores de 65 años se encuentra en esta situación de movilidad reducida.

El hecho de no habilitar estas viviendas conlleva una sanción económica que puede ir desde los 90.000 euros en caso de las graves hasta el millón en caso de las tipificadas como muy graves. Sin embargo, la letra pequeña esconde la posibilidad de que ciertos edificios opten por no realizar estas reformas sin salirse del marco legal. Esto, explica Marta Castillo, se debe a que “la Ley de Propiedad Horizontal dice que un propietario que tenga movilidad reducida tiene derecho a que su edificio sea accesible siempre que el coste de la derrama sea menor que el de las doce cuotas”. En caso de que se supere esta cuantía, la reforma pasa a ser opcional y debe ser aceptada en junta de vecinos.

Es por esto que desde Fegradi COCEMFE proponen que ese artículo desaparezca, y deje de depender de la junta de vecinos para pasar a ser obligatorio. “También pedimos a los poderes públicos que ayuden a los bloques de pisos y comunidades de vecinos a que se hagan accesibles”, indica la presidenta, que reconoce que “la obra muchas veces tiene un coste muy elevado”.

Esta alta cuantía lleva en muchas ocasiones a los vecinos a rechazar la reforma del edificio, cerrando las puertas a su accesibilidad. Es por esto que Andalucía cuenta ahora mismo con un 10,4% de edificios de más de tres plantas sin ascensor -y, por lo tanto, no accesibles-, una cifra inferior al 13,6% de media del resto de España, aunque José Antonio Martín, delegado de Fomento de la Junta, ha reconocido que “estamos mejor que el resto de España, pero no satisfechos”.

Para solucionar esto, Martín ha destacado que “en los próximos meses sacaremos una orden de rehabilitación edificatoria con una cuantía en torno a los 57 millones de euros”. Dentro de esta ayuda, ha especificado, “está la rehabilitación de viviendas, que incluye estos supuestos, y la rehabilitación funcional básica, que es para personas con movilidad reducida, con discapacidad o que por cualquier enfermedad tienen reducida su movilidad”. Por el momento, dentro de los dos programas de accesibilidad que tiene en marcha la Junta, se ha actuado en 76.000 viviendas, una acción que ha alcanzado a 200.000 familias con una inversión en los últimos 15 años en torno a unos 94 millones de euros y que ha generado en torno a 10.000 puestos de trabajo, según datos aportados por el delegado.

Mientras tanto, los discapacitados granadinos han pedido en un manifiesto leído durante la protesta que se recuerde “la importancia de que se garanticen los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica”. Además, han asegurado que el derecho a la vivienda digna es “fundamental para poder llevar a cabo una vida normalizada” y que es “imprescindible” garantizar el derecho a la movilidad, ya que para ellos es la base de cualquier otro derecho. “Pretendemos sensibilizar a organismos públicos y sociedad en general sobre la existencia de personas con discapacidad que viven encerradas en su propia vivienda por falta de sensibilidad en su edificio”, han finalizado, “a privación de la libertad sin haber cometido delitos es una de las peores vulneraciones de los derechos”.

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