La Fiscalía de Granada presenta acusación por ocho delitos vinculados a la prevaricación urbanística en el caso Serrallo

La Fiscalía de Granada ha presentado el escrito de acusación en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Granada por el “caso Serrallo” con ocho delitos señalados y nueve personas investigadas en la causa.
Los delitos continuado contra la ordenación del territorio, continuado de prevaricación urbanística, continuado de prevaricación común, de fraude en la contratación, de tráfico de influencias y de encubrimiento son los hechos penales señalados en el escrito fiscal contra el exalcalde de Granada, José Torres Hurtado, la exconcejala de Urbanismo, Isabel Nieto, el empresario de la construcción R.G. A. y a seis técnicos municipales.

Para los concejales de la Junta de Gobierno Local se pide el sobreseimiento al considerar que no existe el dolo directo por el voto emitido en el delito de prevaricación. También se formula escrito de acusación, como responsables civiles o partícipes a título lucrativo, contra las empresas Inversiones Área Sur, S.L., en su condición de empresa promotora, Empresa Fontdeis S.L., Sociedad 683 UPPER Club S.L. y Multiaventuras Serrallo Plaza S.L.

Los delitos enunciados han tenido una distinta participación en cada uno de los acusados
Delito continuado contra la ordenación del territorio para el promotor R.G.A. y se solicita la pena de tres años y seis meses de prisión, multa de 24 meses con una cuota diaria de 100 euros e inhabilitación para profesión u oficio de promoción y construcción por un tiempo de cuatro años y comiso, privación de las posesiones de lo ilegalmente construido.

Delito continuado de prevaricación urbanística para el exalcalde y la exconcejal de Urbanismo con una pena de prisión de tres años y seis meses, multa de 24 meses con cuota diaria de 100 euros y arresto sustitutorio en caso de impago y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por 12 años.

Delito de prevaricación urbanística para los técnicos municipales  A.B.B., M.L.S-P., E.M.H. y G.N.C. se solicita pena de prisión de tres años y seis meses, multa de 24 meses con cuota diaria de 100 euros y arresto sustitutorio en caso de impago y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por 12 años.

Delito continuado de prevaricación común para el exalcalde, la exconcejala de Urbanismo y los técnicos acusados M.L.S-P., E.M.H., G.N.C., y M.P.S. como cooperadores, la Fiscalía pide la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por 12 años.

Fraude en la contratación al ex alcalde, exconcejala de Urbanismo, al promotor R.G.A., y a los técnicos M.L.S-P., A.B.B., E.M.H. y G.N.C. se solicita la pena de tres años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por ocho años.

En este delito se pide, además, para el empresario la inhabilitación especial para ejercer la profesión de promoción y construcción durante cuatro años y también la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas para contratar con entes, organismo o entidades que forman parte del sector público y para disfrutar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social hasta los diez años.

Delito de tráfico de influencias para el exalcalde y ex concejala de Urbanismo y el técnico M.L.S-P. a los que se les pide pena de prisión de un año y seis meses, multa de 450.000 euros e inhabilitación para empleo de cargo público por cuatro años y medio.

Delito de tráfico de influencias al empresario R.G.A. con pena de prisión de un año y seis meses, multa de 450.000 euros e inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas para contratar con entes, organismos o entidades que forman parte del sector público y para disfrutar de beneficios incentivos fiscales y de la Seguridad Social por un periodo de diez años.

Delito de encubrimiento a los técnicos acusados M.P.S., y F. de P. A. con pena de dos años de prisión.

El Ministerio Público encuentra varios delitos en las actuaciones urbanísticas relacionadas con la construcción, usos y aprovechamiento de unos espacios públicos, recogidos en el Plan de Ordenación Urbana de Granada (PGOU), realizadas al amparo de una concesión administrativa para la construcción y explotación de un parque infantil y llevadas a cabo tanto con vulneración del pliego de condiciones como de la legislación urbanística.

“Se habría sustraído -señala el escrito de acusación- sustancialmente al uso público estos terrenos poniéndolos, a través de distintos expedientes municipales, al servicio de las necesidades e intereses de un promotor privado y del centro comercial contiguo”. Unos cambios de uso del espacio público que han sido “ostensibles y notorios” para ciudadanía.

Señala, igualmente, como delito los incumplimientos económicos contraídos con el Ayuntamiento de Granada por el empresario acusado, tanto en el contrato de concesión administrativa del parque infantil como en los convenios suscritos para la gestión y ejecución de la unidad de ejecución derivadas del proyecto de compensación que asciende a la cantidad de 306.932 euros, pago que no consta oficialmente en los servicios municipales del Registro de Intervención ni en la Tesorería. Una cantidad a la que deberían responder los acusados conjunta y solidariamente y subsidiariamente los responsables civiles.

 

La Fiscalía también solicita que se proceda al restablecimiento del legalidad urbanística y a la demolición de las edificaciones ilegalmente ejecutadas a costa de los acusados a excepción de F.de P.A.. También pide que se proceda a la nulidad de las licencias aprobadas conculcando la legalidad urbanística. Tres licencias de obras menores destinados a trabajos de adaptación del primer pabellón a restaurante y sala de fiestas, para la adecuación del segundo pabellón a café bar con cocina y para la instalación de cubierta textil en la pista de patinaje.