La Fiscalía del Tribunal de Cuentas aprecia indicios de responsabilidad contable en Cogollos Vega

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha acordado investigar la contabilidad del Ayuntamiento de Cogollos Vega (Granada), gobernado por el PP, y ponerlo en conocimiento de la Sección de Enjuiciamiento del máximo órgano fiscalizador al apreciar indicios de responsabilidad contable, después de que la denominada asociación cívica del municipio solicitara "un detalle pormenorizado de todas las irregularidades económico-financieras, contables o administrativas detectadas por el área de Intervención del Consistorio".

Así lo ha indicado en una nota de prensa la asociación cívica de Cogollos Vega que ha informado de que la interventora municipal, en el informe de la cuenta general del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2015, subrayó que existen deudas sin contabilizar cuyo montante exacto aún no se ha podido concretar pues "en muchos casos no existe constancia documental ni expediente administrativo tramitado para su reconocimiento", al igual que ingresos que "no constan en registro contables".

A su vez, sostuvo que "no se ha contabilizado el importe de la deuda real que mantiene el Ayuntamiento, existiendo deudas del ejercicio 2013, a pesar de los préstamos de pago a proveedores que se han solicitado".

La funcionaria describió la compleja situación financiera de las arcas municipales y calificó su estado como de "técnicamente en bancarrota, no pudiendo hacer frente al pago de los sueldos y salarios de funcionarios y trabajadores", según ha indicado la asociación.

Aconsejó al pleno de la Corporación "la petición de una auditoría pública externa, o la petición de intervención al Ministerio de Hacienda y de Función Pública, para el esclarecimiento de todos los asuntos que han quedado relacionados, a parte de la depuración de responsabilidades personales que por tales cuestiones pudieran derivarse".

En las conclusiones del informe apuntó al anterior interventor del Ayuntamiento y discrepó de la "disparidad de criterio en cuanto a los criterios económicos y contables adoptados por el anterior interventor", los cuales fueron seguidos por el alcalde de la localidad, Manuel Lucena, "por cuanto pudiera no quedar reflejada la realidad, no solamente contable y económico-financiera de este municipio, sino la social".

En su comunicación a la asociación, consultada por Europa Press, el Tribunal de Cuentas ha recordado que sus funciones son la fiscalización "externa, permanente y consuntiva" de la actividad económico-financiera del sector público así como el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en la que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales y efectos públicos. Pero "no dispone de atribución para requerir a los funcionarios locales para que atiendan solicitudes específicas de los ciudadanos".

La asociación cívica de Cogollos Vega ha puesto en conocimiento de distintas instancias lo que denominan "malas prácticas del anterior secretario-interventor".

En 2014 el colectivo convocó una manifestación pacífica por la calles del pueblo a la que acudieron más de 200 vecinos, en la que se exigía la intervención de los organismos oficiales ante las "malas praxis de este funcionario".

La asociación vecinal ha criticado del alcalde Manuel Lucena que, según ha subrayado, "en sus seis años de mandato, ha cuadruplicado la deuda del Consistorio llevándolo al estado de bancarrota" como consecuencia de lo cual, ha agregado, "el equipo de gobierno decidió subir los tributos municipales a partir del ejercicio 2018".