La Fiscalía expresa "plena conformidad" con el archivo de la investigación sobre la Casa Ágreda
El juez investigó supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por la adjudicación de este inmueble
La Fiscalía Provincial de Granada ha prestado este lunes su "plena conformidad" con el sobreseimiento y archivo acordado por el Juzgado de Instrucción 9 de Granada en la causa abierta a raíz de la cesión de la Casa Ágreda en favor de la Federación de Agencias Internacionales para el Desarrollo (AIDE).
En una nota, el Ministerio Público ha informado de que considera "jurídicamente fundamentada" la resolución judicial de archivo de esta causa por la que acudieron a declarar como investigados el anterior alcalde de Granada por el PP, José Torres Hurtado, y la que fuera su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto.
El juez investigó supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por la adjudicación de este inmueble patrimonial del siglo XVI situado en el Albaicín.
En su auto de archivo, expuso que, de acuerdo a la normativa vigente, el Ayuntamiento --entonces gobernado por el PP-- pudo optar por "la adjudicación directa y gratuita del inmueble" a una organización no lucrativa y con fines de interés social, "sin necesidad de acudir a un concurso público".
Bajo esta premisa, "no parece", a su juicio, que la operación haya "quebrado el interés legítimo de los ciudadanos granadinos, al destinar a un fin de interés social el edificio" en virtud de una "significativa cantidad de dinero para las arcas públicas", al tiempo que se lograba "la rehabilitación de un inmueble singular del que se albergaba un temor cierto de que se viniese abajo y que periódicamente demandase la realización de obras para impedir el derrumbe del mismo".
"O que se les cayese encima, como gráfica y coloquialmente aseveró (...) Torres Hurtado en la declaración prestada en sede instructora", agregó el juez instructor en esta causa, en la que también declararon como investigados otro funcionario del área de Urbanismo y un representante de la Federación de Agencias Internacionales para el Desarrollo (AIDE).
Respecto al procedimiento en sí, mantuvo el juez que, "con abstracción" de "nimias" disfunciones o "irregularidades de naturaleza meramente administrativas, que en su caso habrían de dirimirse ante la jurisdicción competente, "lo cierto es que (...) el otorgamiento de derecho de superficie con opción de compra por el valor y con el coste de rehabilitación ya circunscrito se atempera a la normativa vigente".
