La Fiscalía interpone denuncia por presuntas irregularidades en la contratación de servicios en TG7

La Fiscalía ha acordado interponer denuncia por presuntas irregularidades en la contratación de servicios extraordinarios en la televisión municipal de Granada (TG7) durante la etapa de gobierno del PP, lo que podría haber generado un perjuicio económico a las arcas municipales de 864.121 euros.

El Ministerio Público ha tomado esta decisión a raíz de la denuncia que presentó Vamos Granada por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos al entender que el concejal Juan Antonio Fuentes (PP) contrató en 2015 servicios complementarios al contrato de grabación que había en TG7 "sin seguir el procedimiento establecido en la Ley de Contratos del Sector Público", sin respaldo presupuestario y eludiendo los controles y la Intervención municipal.

En un decreto fechado a finales de enero, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía recuerda que ya abrió diligencias de investigación penal para aclarar el asunto y, tras las alegaciones que ha recibido por parte del edil denunciado, ha decidido llevar el asunto al Juzgado.

La Fiscalía expone que la productora CBM ingresó entre 2013 y 2015 "directamente dinero por publicidad que no quedó registrado en la contabilidad municipal y "en consecuencia no pasó por los órganos de fiscalización y control municipales". En este periodo facturó un total de 381.569 euros a varias empresas públicas y a una fundación, entre otros.

A ello suma el fiscal que "con pleno conocimiento de la imposibilidad de reconocer una deuda previa contraída" con la productora desde enero de 2013 por "conceptos no concretados", el edil suscribió un documento que, si bien denominó convenio es "en realidad un contrato administrativo" que no establece obligaciones para el futuro sino que "se basa en el reconocimiento" de estas facturas impagadas.

Agrega que el edil carecía de competencia para otorgar este contrato, lo que correspondía a la Junta de Gobierno Local, y recuerda que en el informe posterior que elaboró al respecto el coordinador general de Economía, se indicaba que no era posible determinar a la vista del expediente "quién autorizaba esos servicios extraordinarios" que no cubría el contrato o qué circunstancias lo motivaron al no haber reflejo documental.

El informe del interventor expuso que los servicios complementarios facturados "carecen de crédito y soporte jurídico" y son "nulos de pleno derecho".

Las cuantías de las facturas son de 548.778,21 euros pendientes de pago que la productora CBM ha ganado por contencioso y 315.345,86 euros que la empresa considera cobrados a través de las empresas públicas (Inagra, Emasagra), lo que hace un total de 864.124,07 euros.

"AUTODENUNCIAS" EN EMUCESA

La Fiscalía también se ha pronunciado recientemente acerca de otro de los casos denunciados por Vamos Granada, el vinculado a las llamadas contrataciones fantasma en Emucesa.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público califica de "sorpresiva" la decisión de dos de las personas vinculadas a este caso de "denunciarse a sí mismos" ante el Juzgado, conociendo las diligencias de investigación penal que tramitaba el fiscal y califica este paso de "ciertamente peculiar" aunque no sea éste el "momento de valorar la finalidad que puede perseguirse".

Dadas estas circunstancias, la Fiscalía acuerda el archivo de las diligencias que había abierto, aunque no sin antes recalcar que, a tenor de las actuaciones que ya constan, los hechos "presentan indicios más que suficientes de la comisión de los delitos de prevaricación y malversación", incidiendo en la idoneidad de que el juez instructor practique las diligencias oportunas.

A juicio de Vamos Granada, con este paso el PP "está "echando mano de artimañas y vericuetos legales para demorar y tratar de eludir el avance de la investigación y que se haga justicia".

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