La Fiscalía investiga un posible delito electoral al alcalde de Vegas del Genil

La Fiscalía de Granada investiga un supuesto delito electoral en el municipio granadino de Vegas del Genil por un "contrato de prestación de servicios" que el actual alcalde, Leandro Martín, del PSOE, firmó antes de las pasadas elecciones municipales con un técnico de consumo y psicólogo activista contra los desahucios "condicionado a la toma de posesión del cargo" de regidor.

Según el decreto de diligencias de investigación penal de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, "existen indicios" de que "con el fin de captar votos" se "rubricó" un "contrato" para cuyo "desarrollo" el candidato a alcalde "se comprometía a la creación" de una Escuela Municipal de Consumo y una Oficina Municipal de Asesoramiento Psicológico al Consumidor fijándose "entre las cláusulas" que "entrará en vigor el 1 de junio, teniendo una vigencia de un año natural, fijándose como contraprestación por los servicios prestados" una cantidad mensual de 1.500 euros.

También en el apartado de hechos de este decreto, que deriva de una denuncia interpuesta por el Partido Popular, el fiscal explicita que el vecino que firmó el "contrato de prestación de servicios" es un "conocido activista en la zona" contra los desahucios, y que dicho contrato "no ha tenido efecto".

El delito electoral, explica en el apartado de fundamentos de derecho el decreto firmado el 31 de octubre, que el delito electoral "se consuma por el mero hecho de la entrega de la dádiva o de efectuar promesa de ella".

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado Decano de Santa Fe para su reparto correspondiente, han informado a Europa Press fuentes de la Fiscalía.

El Ministerio Público añade en el decreto que "resulta evidente que el contrato de prestación de servicios firmado es una dádiva o promesa de ella" y que "el hecho de que el contrato no haya tenido efecto no determina que el eventual delito electoral no se haya cometido".

"Firmando el contrato de prestación de servicios" se daría cumplimiento a "la manera encubierta de solicitar el voto a una persona o grupo de personas simpatizantes con la plataforma Stop Desahucios, lo que constituiría un modo indirecto de solicitar el voto".

Las diligencias de investigación se abren tras la presentación de denuncia ante la Fiscalía Provincial el pasado mes de julio por la portavoz municipal del PP en Vegas del Genil, María del Carmen Ros, quien expuso que la firma de un "contrato", que tuvo fecha 27 de abril de 2015, como "candidato a la Alcaldía" condicionado "a la toma de posesión como alcalde supone un flagrante delito electoral, pues es una evidente forma de coaccionar y exigir el voto a la persona a la que se le ofrece el mismo".

El actual alcalde Leandro Martín expuso que el contrato "no fue el único que se firmó con objeto de la campaña electoral de las pasadas elecciones municipales del 2015, sino un compromiso más junto a otros, firmados por escrito con distintos colectivos del municipio para captar votos para ganar las elecciones", explica el fiscal que reproduce las alegaciones del denunciado que indica que "no podemos negar que por supuesto que había voluntad de contar con sus servicios, pero esto no ha sido posible por la estricta normativa en materia de contratación de personal en las administraciones públicas".

"Hay cuestiones dentro del texto del contrato que hacen evidente que la firma del mismo era más una declaración de voluntad política que otra cosa", expone este escrito de alegaciones que hizo llegar Martín en octubre a la Fiscalía Provincial.

La "voluntad" de este contrato, con una "hipotética entrada en vigor" con fecha 1 de junio y que fue depositado en el registro municipal, "no era la de contratar un psicólogo sino la de luchar contra los desahucios" y "en ningún momento se solicita ni de forma directa ni de forma indirecta ni al firmante ni a nadie de la plataforma Stop Desahucios el voto a cambio de nada".

"De cinco compromisos firmados de puño y letra, tres lo eran con vecinos que no votaban en Vegas del Genil y dos de ellos sí" reseñando el denunciante que "habiendo transcurrido un año y medio de la firma del contrato objeto de la denuncia" el firmante "no ha realizado ninguna actividad, acción o denuncia relacionada con esa hipotética compra de su voto".