La Fiscalía mantiene petición de cárcel para exvicepresidente de Diputación (IU) por el caso 'Mercamed'
Julio Bernardo Castro, en su declaración, señaló que todas las contrataciones que autorizó para la feria empresarial contaban con el respaldo de los técnicos
La Fiscalía ha mantenido este jueves la petición de ocho años y cinco meses de prisión y 17 años de inhabilitación para el exvicepresidente de la Diputación de Granada, Julio Bernardo Castro (IU), en sus conclusiones definitivas del llamado caso Mercamed sobre supuestas irregularidades en las contrataciones para la celebración de una feria empresarial en Tetuán que contaba con financiación europea.
Según han informado fuentes del caso a Europa Press, el Ministerio Público también ha elevado a definitivas, en la penúltima sesión de este juicio que se celebra desde el pasado martes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada, sus conclusiones respecto de los otro once acusados, representantes de empresas y a técnicos contratados en la institución provincial. En el apartado de la responsabilidad civil, el fiscal ha suprimido la petición de indemnizaciones que inicialmente solicitaba.
Asimismo, las defensas han elevado a definitivas sus conclusiones provisionales, solicitando la libre absolución de los procesados. Este viernes está previsto que, antes de que el juicio quede visto para sentencia, las partes presenten sus informes finales.
En su declaración ante el tribunal en la primera sesión de este juicio, Julio Bernardo Castro señaló que todas las contrataciones que autorizó para la feria empresarial que se celebró en Tetuán en mayo de 2011 contaban con el respaldo de los técnicos, sin que éstos expusieran reparo alguno a los expedientes, al tiempo que descartó que la gestión de este evento provocara quebranto económico a la institución provincial sino todo lo contrario.
Según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, los hechos juzgados giran en torno a la Feria de Cooperación Empresarial Mercamed que se celebró del 26 al 28 de abril de 2011 en la localidad marroquí de Tetuán. Se impulsó al amparo del programa Poctefex financiado con fondos europeos en un 80 por ciento. El condicionante era destinar el 90 por ciento de sus fondos a actividades en el marco territorial de la Unión Europea y nunca menos del 10 por ciento restante en países extracomunitarios.
Los gastos contabilizados en la Diputación por esta feria fueron de 300.000 euros, quedando pendiente una liquidación definitiva para ser reintegrados por la Unión Europea previa justificación.
En este marco, sostiene el fiscal que los acusados --los gestores de la Diputación y los particulares que concurrieron y contrataron la prestación de servicios-- "se concertaron entre sí con la finalidad de adjudicar los contratos a empresas y personas determinadas", usando para ello la modalidad de contratos menores sin publicidad.
Los acusados se enfrentan a penas de ocho años y cinco meses de prisión por supuestos delitos de prevaricación administrativa perpetrada por funcionario público, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil.
