La Fiscalía mantiene su petición de absolución para el exalcalde de Castril, que defiende la legalidad de su gestión

La Fiscalía ha interesado que se dicte una sentencia absolutoria para el exalcalde de Castril, José Juan López Ródenas, durante la última sesión del juicio que se ha celebrado contra él en la Audiencia de Granada por supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la compra de un local anexo al ayuntamiento de la localidad durante su etapa de gestión.

El fiscal también pide la absolución para la arquitecta técnica que ha sido juzgada en esta causa al no considerar demostrada la existencia de un concierto de voluntades para incumplir la legalidad, por lo que ha mantenido su posición inicial de no formular acusación contra ellos.

La acusación particular, que ejerce el Ayuntamiento de Castril (ahora gobernado por Nuevo Castril) ha mantenido su petición de seis años de prisión y diez de inhabilitación tanto para el exalcalde como para la arquitecta técnica.

El tercer procesado ha quedado fuera del proceso después de que la acusación popular haya retirado los cargos contra él y, puesto que sólo le acusaba esta parte, ha podido abandonar la sala con su abogado antes de que finalizara el juicio.

La acusación particular ha pedido al tribunal que en el supuesto de que no se aprecie un concurso de delitos se produzca una condena por uno de los señalados en el proceso, prevaricación o malversación. El juicio ha quedado visto para sentencia.

 López Ródenas defiende la legalidad de su gestión en el Centro Saramago

Juan López Ródenas ha defendido su inocencia y la legalidad de su gestión al frente del mismo y ha pedido respeto a su presunción de inocencia, "porque hay una investigación judicial en marcha que será la que aclare la situación contable, entre otras cuestiones".

Además, Ródenas ha destacado que "se está obviando que la Guardia Civil, tal y como se recoge en el informe no ha podido identificar más de un centenar de operaciones bancarias" porque, ha especificado, "no ha tenido acceso a documentación relevante que daría respuesta a las incógnitas que se están estudiando".

"No se debe perder de vista que la primera medida que adoptó el que fuera alcalde del PP, Miguel Pérez Jiménez, fue forzar y cambiar las cerraduras del Centro Saramago e impedir el acceso a la documentación que ha desaparecido y que ahora sería clave para explicar el desarrollo contable", ha relatado para argumentar la falta de información. "Un hecho muy grave, ha dicho, que se debe tener en cuenta".

López Ródenas ha subrayado que aclarará, como lo viene haciendo en sede judicial, todas las cuestiones que se plantean en el informe de la Guardia Civil "para evitar interpretaciones sesgadas y malintencionadas" como consecuencia de una "cacería política y campaña orquestada de acoso contra mi persona desde hace años".

"Afortunadamente, la justicia me está dando la razón y ha recalcado que su trabajo al frente del Centro fue "transparente" en todo momento y que los hechos, ahora conocidos, hay que contextualizarlos".

Por último, ha insistido en que todo se hizo conforme a la ley y que las cuentas del centro fueron auditadas como corresponde. Por ello, ha confiado en el próximo proceso judicial para dar las explicaciones "que sean necesarias" ante el juez y ponga fin a la "persecución" que está sufriendo.