La Fiscalía no solicita ninguna medida cautelar contra las asesoras de Juana Rivas

Las dos profesionales han aclarado que en ningún momento han "inducido" ni sido "cómplices" de ningún tipo de delito

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Juzgados | Foto: Archivo
E.P.
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La Fiscalía no ha solicitado medidas cautelares contra la asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer de Maracena (Granada), Francisca Granados, y la psicóloga del mismo, Teresa Sanz, quienes han comparecido este miércoles en sede judicial como investigadas por "su presunta intervención" como "inductoras" o "partícipes necesarios" en una supuesta sustracción de los hijos de Juana Rivas.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Fiscalía, el Ministerio Público no solicita "en un principio" la adopción de ninguna medida cautelar para estas funcionarias del Ayuntamiento de Maracena, que han negado este miércoles su participación en los hechos, tras acogerse a su derecho a no declarar en base al "secreto profesional".

Las dos profesionales, cuya defensa ha asumido el despacho 'Aránguez Abogados', han aclarado, a preguntas de su letrado, que en ningún momento han "inducido" ni sido "cómplices" de ningún tipo de delito, y se han acogido a su derecho a no declarar en base al "respeto al secreto profesional", en sus breves comparecencias en sede judicial, donde han permanecido unos 15 minutos, sin que la Fiscalía haya formulado ninguna pregunta en las mismas, han informado fuentes del caso a Europa Press.

Las pesquisas sobre el caso de Juana Rivas, a la que se investiga por supuestas desobediencia judicial y sustracción de menores, continúa este próximo jueves en el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, donde está previsto que comparezcan los familiares de hasta segundo grado de consanguinidad de la madre de Maracena, a partir de las 10,00 horas.

Han sido llamados a declarar por la juez como investigados por su presunta intervención en el posible delito de sustracción de los hijos de Rivas, de once y tres años, quienes fueron devueltos el pasado lunes en la Comandancia de la Guardia Civil de la capital granadina al padre, el italiano Francesco Arcuri, condenado en 2009 por lesiones en el ámbito doméstico.