La fiscalía pide que sólo se impute al líder de los 'Romanones' y ve prescritos el resto de delitos

La Fiscalía de Granada ha pedido al Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que investiga el caso de los sacerdotes denunciados por supuestos abusos sexuales, que sólo impute al considerado clan del grupo de los 'Romanones', el padre Román M.V.C., ya que "únicamente los hechos constitutivos del delito de abuso sexual con penetración y prevalimiento", presuntamente cometidos por él sobre un menor, puede considerarse "perseguible", mientras que el resto de los delitos habría prescrito.

En un escrito, del que informa en un comunicado remitido a los medios, el Ministerio Público responde así al requerimiento que hizo el titular del juzgado, el magistrado Antonio Moreno, el pasado 27 de enero, en un auto en el que levantaba el secreto de sumario y daba diez días de plazo a las partes personadas para que se pronunciasen sobre la posible prescripción de los delitos, en una causa que por ahora tiene doce imputados, diez de ellos sacerdotes y dos seglares.

La Fiscalía "comparte la calificación jurídica realizada por el magistrado instructor de los hechos", que consideró que los hechos denunciados podrían constituir infracciones penales por la comisión de delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, en sus formas de agresiones sexuales, abusos sexuales y exhibicionismo, algunos con prevalimiento, aunque considera que "únicamente los hechos constitutivos del delito de abuso sexual con penetración y prevalimiento puede considerarse perseguible, al estar señalada para el mismo una pena superior a los cinco años, de acuerdo con el Código Penal vigente a la fecha de conclusión de los hechos, 2007".

Con arreglo a las conclusiones anteriores, advierte de que el único imputado del mismo, de acuerdo con las manifestaciones del primer denunciante --el que llevó su caso ante el Papa Francisco-- es el padre Román M.V.C.

No obstante, el fiscal encargado del caso, Francisco Hernández, advierte de que sus conclusiones "no suponen la valoración definitiva de los hechos" sobre el fondo del asunto, sino que es únicamente la contestación dada a la cuestión planteada por el Juzgado.

De hecho, incide en que su calificación definitiva dependerá, en primer lugar, de la "valoración crítica" de todo el material probatorio practicado y por practicar y "de la propia evaluación que efectúe el fiscal en el momento procesal oportuno, si éste llega a darse en atención a aquella valoración judicial previa que así lo acuerde".