La Fiscalía se opone a la nulidad del expediente canónico como prueba en el 'caso Romanones'

La Fiscalía se ha opuesto a la nulidad del expediente canónico aportado como prueba en el llamado 'caso Romanones', rechazando así el planteamiento hecho por la defensa del único procesado en la causa por supuestos abusos sexuales a un menor desde 2004 hasta 2007, el padre Román M.V.C.

El Ministerio Público ha señalado en un escrito remitido a la Audiencia Provincial de Granada, al que ha tenido acceso Europa Press, que en esta fase procesal y en este tipo de procedimiento --el de sumario ordinario-- "no se considera admisible" la admisión de una petición de nulidad de prueba y "su exclusión de la causa".

Apunta, de hecho, que obrar de esta forma "supondría la vulneración del principio de legalidad procesal" al "trasvasar" a la regulación del sumario ordinario las normas del procedimiento abreviado.

Por ello, el fiscal del caso, Francisco Hernández Guerrero, mantiene su criterio inicial de que el expediente canónico siga formando parte de las pruebas en el proceso y se opone al planteamiento de la defensa, señalando que la exclusión de la prueba "es una materia que sólo puede --y debe-- dilucidarse en juicio oral".

La defensa, ejercida por el letrado Javier Muriel, señaló en su momento que este expediente canónico había sido traído a la causa en "forma contraria a derecho", al "violentar derechos fundamentales y otras normas vinculantes tanto nacionales como internacionales".

La defensa pidió a finales de julio la libre absolución para el padre Román, para el que la Fiscalía ha solicitado nueve años de prisión.

La acusación particular, que representa al denunciante de los supuestos abusos, ha solicitado una condena de 26 años de cárcel y la acusación popular, que ejerce Prodeni, ha pedido 15 años.

El Arzobispado de Granada --que era la única parte que faltaba por pronunciarse en el proceso-- trasladó a principios de octubre un breve escrito a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial en el que expone su disconformidad con la responsabilidad civil subsidiaria que se le presupone en el caso.

Igualmente, discrepó de las calificaciones hechas por la Fiscalía y el resto de las acusaciones y manifestó su deseo de que se esclarezca "la verdad".

El Arzobispado de Granada se personó en diciembre del año pasado en el caso como posible responsable civil subsidiario después de que le instara a hacerlo el Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que investigó los hechos, además de prestar una fianza de 50.000 euros.

CRONOLOGÍA

El caso se hizo público el noviembre de 2014, cuando fueron detenidos el considerado líder del clan, el padre Román M.V.C., dos sacerdotes más y un profesor de Religión, que sin embargo quedaron después en libertad con cargos, en un caso en el que estaban imputadas inicialmente un total de doce personas, diez sacerdotes y dos laicos.

La Audiencia de Granada acabó declarando prescritos los delitos que se le atribuían a once de ellas, confirmando que la causa sólo debía continuar contra el padre Román M.V.C., considerado el líder del grupo.

Todo se precipitó después de que el joven comunicara por carta al Vaticano que había sido víctima de abusos sexuales desde los 14 hasta los 17 años por parte de este grupo de religiosos de Granada, lo que motivó que el propio Papa Francisco le llamara para pedirle perdón y ofrecerle su apoyo.

Tras la llamada del Papa al joven, éste formalizó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía, que ordenó a la Fiscalía Provincial de Granada interponer denuncia contra todos los afectados.

El Papa se pronunció también coincidiendo con la salida a la luz de esos supuestos abusos en un vuelo de regreso a Roma tras su discurso en el Parlamento Europeo en el que señaló que "la verdad es la verdad" y "no debe esconderse".

El arzobispo de Granada, Javier Martínez, tendrá que comparecer en el juicio que se celebre ante la Audiencia Provincial de Granada, ya que todas las acusaciones personadas e incluso la defensa han pedido que declare como testigo.