La Fiscalía traslada a Anticorrupción las denuncias por el presunto uso de datos de la sanidad pública
Un escrito en representación del Sindicato Andaluz de Trabajadores de Granada pone en conocimiento una serie de hechos que, a juicio del colectivo, podrían ser constitutivos de un delito de descubrimiento y otro de revelación de secretos
La Fiscalía de Granada ha acordado archivar las diligencias abiertas y remitir las actuaciones a la Fiscalía Anticorrupción para unificar las denuncias en torno al presunto uso por parte de una multinacional farmacéutica de datos confidenciales de usuarios de la sanidad pública en Andalucía y Extremadura.
En un decreto fechado el pasado 21 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, la fiscal expone que el 18 de marzo tuvo entrada en la Fiscalía Provincial un escrito en representación del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) de Granada poniendo en conocimiento una serie de hechos que, a juicio del colectivo, podrían ser constitutivos de un delito de descubrimiento y otro de revelación de secretos.
En base a ello, la Fiscalía acordó incoar diligencias de investigación penal para esclarecer el asunto. Sin embargo, la fiscal expone que el escrito presentado se encuentra dirigido al fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción y señala que las manifestaciones contenidas deben "entenderse adhesivas a la denuncia presentada ante dicha Fiscalía por la Asociación Defensor del Paciente".
Las denuncias del SAT y el Defensor Paciente se refieren a una supuesta obtención ilícita y posterior difusión con ánimo de lucro de documentos de salud con datos personales de pacientes y trabajadores de los servicios de salud de Andalucía y Extremadura por parte de una multinacional alemana del sector farmacéutico.
El asunto fue denunciado por un trabajador de esta empresa aportando a la Fiscalía documentación al respecto que recibía en su correo electrónico corporativo, según detallan desde el SAT en un comunicado.
Ahora, la Fiscalía granadina ha archivado las diligencias abiertas y ha remitido las actuaciones a Anticorrupción para unificar las denuncias presentadas, lo que hace a través de este reciente decreto contra el que no cabe recurso.
