La juez levanta el secreto de sumario del caso Nazarí de supuesta corrupción urbanística

La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Granada, María Ángeles Jiménez, ha decretado el levantamiento del secreto de sumario del conocido como caso Nazarí que investiga una supuesta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Granada en unas diligencias que conllevaron la detención de varios altos cargos municipales el pasado día 13 de abril junto con el exalcalde de la ciudad, José Torres Hurtado, y la exedil de Urbanismo, Isabel Nieto, que dimitieron antes de que el PP perdiera el equipo de gobierno municipal a manos del PSOE con el apoyo del resto de los grupos de la oposición.

En su auto, con fecha de este lunes 7 de noviembre, la magistrada ha justificado el levantamiento del secreto de sumario, tras su prórroga en los sucesivos meses desde que se decretara el 22 de enero de 2016, en que, según el Supremo, la Constitución "protege los derechos fundamentales" no "en sentido teórico e ideal" si bien el juez "debe ponderar la proporcionalidad de la medida y la gravedad de los hechos enjuiciados, reduciendo el período de duración del secreto a lo estrictamente necesario".

El juzgado libró oficio en fecha de 19 de octubre a la Policía Nacional y a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía para la "previsión temporal de duración de las diligencias de investigación que se habían acordado".

En respuesta, la Policía Nacional puso de manifiesto que la duración aproximada del estudio de la documental obrante en las actuaciones "consecuencia de los distintas entradas y registros practicadas en fecha de 13 de abril del corriente en las viviendas de los investigados así como del estudio de la información relacionada con los hechos investigados, provenientes del volcado de los distintos dispositivos electrónicos, tendría una duración no inferior a seis meses".

Con fecha 13 de octubre personal de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional hizo entrega a la Junta de trece cajas de documentación con entre 15.000 y 18.000 folios agrupados en ocho grandes asuntos para el "debido enjuiciamiento de las cuestiones urbanísticas objeto de informe de nueva documentación".

La Junta especifica también al juzgado que "sin perjuicio del carácter prioritario que se le ha otorgado a la elaboración de dichos informes, se le informe que el tiempo estimado para su elaboración, una vez completada la documentación que sea requerida, se estima en un plazo no inferior a seis meses".

Para proceder al levantamiento del secreto de las actuaciones, la juez tiene en cuenta estos oficios "así como la posible duración de las prácticas de las distintas diligencias acordadas en los términos que se exponen", además de "que no se aprecia por parte de esta Instrucción la posibilidad de que pudiera haber interferencia alguna o riesgo para la investigación y averiguación de la verdad, respecto de las diligencias de investigación ya acordadas".

La investigación judicial continúa contra los 17 investigados, entre altos cargos, técnicos municipales y empresarios de la ciudad, por presuntos delitos de cohecho, fraude en la contratación, asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, estafa, falsedad en documento mercantil, administración desleal y contra la ordenación del territorio, si bien, con la apertura del sumario, las partes podrán conocer específicamente por qué delitos se investiga a cada uno de ellos, según las fuentes judiciales consultadas por Europa Press.

Fuentes del caso apuntan también a que el hecho de que la juez esté pendiente del informe de la Junta de Andalucía, en el plazo señalado por la administración autonómica, puede apuntar al componente administrativa más que penal de las irregularidades que se hayan podido cometer.

Para poder acceder al sumario, el juzgado ha pedido a las partes el uso de dispositivos electrónicos de 21 gigas de peso.

El Juzgado de Instrucción 2 investiga, tras la querella del Ministerio Público, la alteración y modificación presuntamente fraudulenta del concurso-licitación de la concesión administrativa de la parcela de uso deportivo sita en la calle Torre de la Pólvora 35 de Granada que tenía por objeto la ejecución de un pabellón deportivo.

A las diligencias de Instrucción 2 se acumularon como pieza separada otras del Juzgado de Instrucción 6 de Granada, incoadas también en virtud de querella de la Fiscalía interpuesta tras las investigaciones efectuadas por presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos, en relación a las irregularidades en las obras de urbanización del Plan Parcial PP-N2, desviación de un barranco y concesión de licencias de primera ocupación de 300 viviendas, trasteros y garajes del residencial Ciudad de la Luz.

Asimismo, de las actuaciones llevadas a cabo por el Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Andalucía Oriental y la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF pueden resultar, según informó en su día la Fiscalía General del Estado, "irregularidades en otros expedientes tramitados por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, que se están investigando".

Torres Hurtado e Isabel Nieto fueron puestos en libertad con cargos el pasado día 13 de abril tras ser detenidos y declarar en la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental por su presunta implicación en una supuesta trama corrupta en el área de Urbanismo.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional desplegó desde primera hora de la mañana de ese día un dispositivo que incluyó registros en el despacho de la secretaria general del Ayuntamiento, en la Plaza del Carmen; y en la sede de Urbanismo, en la plaza Gran Capitán, de donde la Policía sacó cajas con documentación.

Asimismo registraron varios domicilios, entre ellos la casa del alcalde, y empresas de Granada. Tras los registros, los detenidos fueron conducidos a la sede policial para declarar. Torres Hurtado, que fue retenido durante unas horas en su casa, con motivo del registro, fue trasladado después al Ayuntamiento y con posterioridad a la Jefatura de Policía.

Fue el pasado jueves 12 de mayo cuando declaró ante la juez José Torres Hurtado, que defendió su "absoluta inocencia" y se desvinculó de la gestión urbanística en el Ayuntamiento, que "siempre", según dijo, ha estado "en manos" de los funcionarios y del concejal del área al tener él "delegadas las competencias".

Justo un día antes tuvo que visitar la sede judicial la que fuera concejal de Urbanismo Isabel Nieto, que negó haber cometido irregularidades en su gestión y atribuyó el origen de la supuesta trama de corrupción que se investiga en la ciudad a una serie de "denuncias falsas" con las que se pretende "deformar la realidad".