La juez Núñez se estrena anulando un auto de Alaya sobre formación
La juez Alaya solicitaba a la Intervención General del Estado que elaborara un informe sobre el "entramado" empresarial vinculado a Ángel Ojeda.
La nueva juez titular de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha dictado una providencia en la que deja sin efecto un auto dictado pero no notificado a las partes por su antecesora Mercedes Alaya en el que ampliaba la imputación del exconsejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda y solicitaba nuevos datos sobre su "entramado" empresarial.
En una providencia fechada este pasado miércoles, a la que ha tenido acceso Europa Press, la nueva juez titular deja sin efecto este auto de 15 de junio y, en su lugar, ordena a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que remita un informe sobre "el estado en que se encuentren las diferentes líneas de investigación marcadas en el atestado 297/14 y remitan un cronograma de los diferentes informes".
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que en este auto, no notificado a las partes personadas y que ahora queda sin efecto, la juez Alaya solicitaba a la Intervención General del Estado que elaborara un informe sobre el "entramado" empresarial vinculado a Ángel Ojeda. Asimismo, y en este auto, Alaya solicitaba datos sobre otra serie de empresas, han añadido las mismas fuentes.
En un auto dictado el 11 de septiembre de 2014, la juez Mercedes Alaya imputó a Ojeda por dos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
La magistrada señala en este auto que, en virtud del informe de la Dirección General de la Inspección de Trabajo, "en poco más de año y medio" las entidades pertenecientes a Ojeda, integradas todas ellas en el Grupo Prescal, habrían recibido con cargo al programa 32D del plan para los extrabajadores de Delphi la suma de 33.309.789,16 euros "en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación", todo ello "a través de asociaciones controladas por él".
Así, entiende que esas subvenciones, otorgadas entre el 10 de agosto de 2009 y el 3 de diciembre de 2013, las habría obtenido "gracias a sus influencias en la Junta en virtud de sus antiguos cargos y contactos".
IMPUTADO POR LA UDEF
La pasada semana, además, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional imputó a Ojeda en el marco de la operación 'EDUende' en la que se investiga el supuesto fraude masivo en la concesión de subvenciones para cursos de formación en Andalucía.
Así, la Policía Nacional citó como imputado al exconsejero de Hacienda por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y contra la Hacienda Pública, todo ello dentro de la investigación que lleva el juez de Instrucción número 16 de Sevilla.
Ángel Ojeda se acogió a su derecho constitucional a no declarar, indicaron las fuentes consultadas, que recordaron que la Policía ya detuvo al exconsejero en agosto del pasado año 2014 en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) en el marco de la operación 'Óscar'.