La Junta aclara que ya ha abonado al Ayuntamiento de Granada más 5 millones de euros en concepto de deuda tributaria

El delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que ejerce estos días de delegado del Gobierno en funciones, Juan José Martín Arcos, ha mostrado su “sorpresa” ante las declaraciones realizadas por el concejal del PP, Francisco Ledesma, quién pide al nuevo equipo de Gobierno que reclame a la Junta una cantidad de 4´8 millones de euros en por impago de impuestos tributarios, cifra que ya se ha satisfecho en los dos últimos años, superando incluso esta cantidad que ha alcanzado los 5.047.813,91 euros.

Para Martín Arcos “no se puede entender que alguien que llevase la economía de una ciudad como la de Granada, en la época de Torres Hurtado, no tuviese ni idea de cuáles han sido los pagos que ha efectuado la Junta en relación a la deuda tributaria con el Ayuntamiento, y que continúe, sin ningún tipo de pudor, reclamando verano tras verano la misma cantidad”.

En concreto, la cantidad ingresada por la Junta de Andalucía en conceptos de deudas tributarias, como el IBI ha sido de 3.599.556,27 euros y en concepto de ICIO y tasas de licencia urbanística y de primera ocupación de Almanjáyar ha sido de 1.448.257,64 euros. Estas cantidades hacen un total de 5.047.813,91 euros, “cifra superior a los 4,8 millones, debido a que se ha hecho frente a los intereses de demora, como cualquier ciudadano o empresa que esté en la misma situación”.

En relación a compensaciones, el delegado informó que “se han resuelto de oficio compensaciones por valor de 79.846,27 euros, y no de 750 euros como asegura Ledesma”, y afirmó “la mayoría de éstas fueron iniciadas y resueltas por el propio ayuntamiento en la época en la que éste ostentaba el cargo de concejal de Economía y Hacienda, por lo que extraña que no estuviese al corriente”.

La Junta, en una norta, ha recordado que en 2014 una mesa técnica con representación de la Junta y el Ayuntamiento valoró la deuda del Gobierno autonómico con el local en torno a los 5 millones de euros, cifra muy inferior a los 16 millones que exigía el consistorio granadino en impagos de impuestos de inmuebles. Esta reducción se produjo una vez eliminados aquellos recibos cuyo pago no correspondían a la Junta de Andalucía.