La Junta asegura que Nati, la mujer que van a desahuciar hoy, ha rechazado tres alternativas de alojamiento
La vivienda está a al espera de ser adjudicada a una de las 7 familias que se encuentran en situación exclusión social más grave aún que la desalojada
La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), adscrita a la Consejería de Fomento y Vivienda, ha ofrecido hasta tres alternativas de alojamiento a la ocupante ilegal de una vivienda del parque público de la Junta en la zona Norte de Granada, en concreto en Casería de Aguirre 36, bloque 2, escalera A, 3º-3, ofertas que han sido rechazadas.
La delegada de Fomento y Vivienda, Mariela Fernández-Bermejo ha explicado que "la mujer ha rechazado estas tres alternativas que desde febrero se le han venido ofreciendo: dos alojamientos provisionales en tanto quedara libre una vivienda para ella por encontrarse en riesgo de exclusión social, y una ayuda de 900 euros del Ayuntamiento para gestionar un alquiler hasta disponer de vivienda para adjudicársela por el procedimiento reglamentario".
La delegada ha puesto de relieve el trabajo realizado conjuntamente con los servicios sociales municipales, con lo que se mantiene una estrecha colaboración en situaciones como ésta, y ha recordado que incluso se solicitó un aplazamiento de la ejecución para buscar una solución a la ocupante ilegal.
Mariela Fernández-Bermejo ha señalado que existen hasta siete familias inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Granada, en exclusión y en grave riesgo según los informes de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, que superan en puntuación a esta mujer que reside ilegalmente en esta vivienda, que deberá desalojarla por orden judicial atendiendo a una denuncia interpuesta por el ex marido que era el adjudicatario legal de la misma. Una vez sea recuperado el inmueble, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación procederá a entregarla a la unidad familiar en situación de mayor necesidad, según la baremación reflejada en el registro municipal de vivienda.
Con la entrega de la vivienda a quienes serán sus legítimos adjudicatarios, AVRA da cumplimiento a la legalidad y a las normas que regulan el acceso a una vivienda pública y que no permite la ocupación por fuerza de sus inmuebles, defendiendo así a los demandantes que cumplen con todos los requisitos legales y se encuentran en una situación de más necesidad. Este proceso de desaojo se inició cuando el titular adjudicatario de este inmueble en alquiler titularidad de AVRA, tuvo que abandonarlo temporalmente por enfermedad, circunstancia que aprovechó su ex mujer para ocuparlo ilegalmente.
El adjudicatario legal denunció a su ex pareja ante el juzgado, dando lugar al proceso que ha culminado con la sentencia favorable al demandante y orden judicial de ejecución, que se dictó en febrero pasado, si bien no se ha ejecutado antes para poder buscar a la mujer y su hija una alternativa de alojamiento. Desde entonces, se le han propuesta hasta tres soluciones, rechazando todas estas alternativas.
Ante las falsedades que, en defensa de la mujer ocupa, ha vertido durante los últimos días la plataforma Stop Desahucios de Granada, la Agencia de Vivienda andaluza subraya que no es la responsable de desalojo de esta familia, ya en este caso es consecuencia de una sentencia judicial por la denuncia del adjudicatario legal de la vivienda. La Administración autonómica respeta la decisión judicial que viene a reconocer una situación de ilegalidad que afecta a una vivienda del parque residencial público andaluz. No obstante, AVRA defiende el cumplimiento de la legalidad para erradicar este tipo de situaciones y hacer valer los derechos de las familias a las que legítimamente corresponde el acceso a vivienda pública.
Las viviendas del parque público de la Junta son para quienes las necesitan y cumplen los requisitos para ser adjudicatarios y, además, respetan la legalidad, algo que no ha ocurrido con esta mujer que ocupó la vivienda incumpliendo la normativa, según AVRA, que ha precisado que la mujer reside en una vivienda de alquiler, pero no paga renta alguna, entre otras cosas porque no es la titular del inmueble y porque en este tiempo de ocupación ilegal no ha mostrado ninguna disposición a hacer frente a esa renta. Por lo tanto, la Agencia desmiente la afirmación de Stop Desahucios cuando asegura que la mujer reside en la vivienda en régimen de alquiler social y hoy en día, cuando se le cumple el alquiler, la Junta se niega a renovarlo. AVRA sostiene que no puede haber alquiler ni cancelación su renovación porque no existe ninguna relación contractual con la inquilina ilegal.
La Agencia rechaza también que se haya emprendido un juicio express contra ella, ya que el procedimiento se inició en 2016, instado por la denuncia de su ex marido. No obstante, una vez notificada esa denuncia, AVRA ha desarrollado también, en paralelo, un expediente para recuperar la posesión de la vivienda y poderla poner a disposición de la familia que sea propuesta por el Registro Municipal de Demandantes.
La Agencia Pública rechaza también que ni Ayuntamiento ni Junta se hayan lavado las manos y hayan amenazado a la familia con quitarle las ayudas sociales si se resiste al desalojo, al contrario, ambas administraciones han trabajado estrecha e intensamente para ofrecer soluciones habitacionales que esta mujer no ha aceptado. Desde AVRA se critica el uso interesado y demagógico que tanto la plataforma Stop Desahucios como Podemos están realizando de este caso y que además están promoviendo y amparando la ilegalidad como fórmula de acceso a una vivienda.
