La Junta atribuye a 511 alegaciones la demora de la Ley de Participación Ciudadana que no es "retraso sino enriquecimiento"

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha atribuido este miércoles a las 511 alegaciones que el proyecto de ley de Participación Ciudadana ha recibido en su trámite de información pública la demora en el trámite, pero ha advertido de que eso no va a suponer "un retraso sino el enriquecimiento del texto", que está "muy avanzado" y que tiene el objetivo de proteger, promover y desarrollar el derecho a intervenir en los asuntos públicos que acaban afectando a la vida cotidiana del conjunto de la sociedad.

Así lo ha dicho la consejera andaluza durante el pleno de control al Gobierno en el Parlamento, en respuesta a una pregunta de la portavoz de IULV-CA, Elena Cortés, cuando ha reconocido que este partido "tuvo mucho que ver" en el anteproyecto de esta ley en la anterior legislatura, cuando formaba parte del Gobierno regional, y cuando ha incidido en que el actual Ejecutivo sigue "trabajando y comprometido" con la norma porque entiende que "la participación de los ciudadanos es imprescindible en las políticas que se hacen en Andalucía".

Sánchez Rubio ha destacado que la tramitación de la ley ha tenido "mucha incidencia" en el movimiento social, que ha participado en todo el recorrido del anteproyecto de ley, por lo que se ha presentado ese medio centenar de alegaciones que han realizado los diferentes órganos de la Junta competentes en materia de participación y ha explicado que es "importante" que el texto final "refleje esa participación".

"Eso ha supuesto de alguna forma un tiempo en cuanto al trámite, no va a suponer retraso sino enriquecimiento del texto", ha reafirmado la consejera, que ha dicho que la ley está en fase de información presupuestaria y que deberá pasar después al Consejo Consultivo y, más tarde, al Consejo de Gobierno.

La consejera también ha dejado claro que se ha sido "especialmente meticuloso" con determinadas observaciones y sugerencias realizadas sobre el régimen de consultas participativas autonómicas y locales, incluidas en el título IV del anteproyecto de ley". En este sentido, ha recordado que la sentencia del Tribunal Constitucional anulando las consultas en Cataluña ha obligado a hacer cambios en el texto de la norma autonómica.

IU: "MÁS DE UN AÑO PERDIDO"

Por su parte, la portavoz de IULV-CA ha expuesto que Andalucía "lleva algo más de un año perdido" desde que se aprobó un anteproyecto que "permita avanzar al pueblo andaluz en la democracia participativa y en un cambio de las estructuras ciudadanas" y ha hablado claramente de "retraso".

Además, Cortés considera que el actual Ejecutivo andaluz "no ha asimilado" el contenido del anteproyecto creado por la Consejería de Presidencia que en la anterior legislatura dirigía IU al ver que en otras normas que el Gobierno ha llevado al Parlamento "siguen planteando los mismos esquemas de participación ciudadana que hace demasiadas décadas".