La Junta buscará cómo amparar "normativamente" una ayuda para la asistencia letrada de Juana Rivas en Italia

La consejera de Igualdad y Políticas, María José Sánchez Rubio, ha asegurado que la Junta buscará el modo para que "normativamente" pueda prestar ayuda destinada a la asistencia jurídica en Italia de Juana Rivas, la madre de Maracena que será juzgada en junio por sustracción de menores después de que el pasado verano permaneciera un mes en paradero desconocido incumpliendo la orden judicial que le obligaba a entregar a sus hijos al padre, al que acusa de malos tratos.

En la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, la consejera ha lamentado que las acciones de la Junta en torno a este "dramático" tema se vean "encorsetadas" por el hecho de Juana se haya desplazado a Italia y de que el padre sea quien tiene la tutela de los menores. Así, Sánchez Rubio ha explicado que se buscarán "mecanismos" para ayudar, posiblemente a nivel económico, a la madre en la asistencia letrada, porque la asistencia jurídica en casos similares es gratuita en Andalucía, pero este derecho se desactiva en otros territorios.

"Tenemos que ver cómo, normativamente, podríamos amparar la posible ayuda para la asistencia letrada aquí o allí, pero hay que darle norma, porque la norma tal y como está delimita dónde y cómo", ha dicho la consejera, quien se ha referido a la asistencia jurídica que "no es lo mismo" que la personación en la causa, algo que no sería posible en el caso de Rivas porque la ley estipula que la Junta puede personarse sólo en aquellos casos donde se ha dado el fallecimiento de la mujer víctima por violencia de género.

Sánchez Rubio ha recordado que el caso de Juana Rivas fue "tormentoso" desde el primer momento en el que la madre se acercó al centro municipal de información a la mujer de Maracena, donde fue atendida tanto por los profesionales de este centro como, seguidamente, por la Consejería de Igualdad. En este punto la consejera ha avanzado que se encuentra trabajando para "dar seguridad jurídica" a los profesionales de dichos centros para que "no se cuestione su trabajo".

En el caso concreto de Juana tuvieron atención ella misma y sus hijos "ante una situación que era de evidente violencia de género que repercutía claramente en los menores". De este modo, ha consejera ha asegurado que la mujer ha tenido "acceso a todos los servicios al igual que el resto de mujeres víctimas" e, incluso, "se ha hecho alguna excepción positiva" en su caso. Además, ha explicado que Rivas tuvo acceso a la asistencia jurídica gratuita y a ayudas económicas que "al salir fuera dejó de percibir".

Así, el problema, según la consejera, es que al estar en Italia no se le puede seguir prestando la asistencia jurídica gratuita porque es algo que se tiene que prestar en el país de origen. "El turno de oficio no lo podemos prestar en Italia, eso es una realidad, ahora estamos viendo qué posibilidades podríamos tener para intervenir en Italia y qué ayudas se le podría dar", ha dicho la consejera.

Sánchez Rubio ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz comparte la "frustración" que pueda tener la sociedad respecto a este tema porque "se escapa" la posibilidad de intervenir o de "apoyar con más amplitud" a Juana Rivas. "Tenemos que buscar dentro de esta situación tan perversa para esa madre y esos hijos cómo podemos intervenir", ha dicho, al tiempo que ha abogado por "remover cielo y tierra" para poder prestar en este momento ayuda a la madre de Maracena porque hasta ahora la Junta ha venido interviniendo "al máximo".

IU: DECEPCIÓN

Por su parte, la diputada de IU Elena Cortés ha mostrado su "decepción" ante las palabras de la consejera porque esperaba que la Junta "removiera todos los obstáculos que impiden el reconocimiento del derecho en condiciones de igualdad" como sucede, según ha dicho, en el caso de Juana Rivas. "Esperaba que moviese todos los obstáculos que permitan el amparo y la protección jurídica internacional de Juana Rivas y de los menores que están en situación de grave riesgo", ha criticado.

Por ello, Cortés ha afirmado que "hay que cambiar muchas cosas y modificar muchas leyes" pero la prioridad del Gobierno andaluz debe ser "impedir que una andaluza y unos menores andaluces estén en situación de desamparo" porque, según ha comentado, Rivas se sustenta económicamente a través de ayudas que le llegan desde España por parte de organizaciones de apoyo al sufrir "violencia económica" desde que se le retiró la renta por haberse marchado a Italia.

De su lado, la diputada de Ciudadanos Marta Bosquet ha defendido que respecto al tema de la personación de la Junta en el caso, que ya se ha puesto de manifiesto que "normativa y procesalmente" no es posible que se lleve a cabo en el caso de Rivas y, aunque existen mecanismos para modificar leyes, estar "no se pueden cambiar a la carta por un caso concreto" ni la Junta se podría personar en todos los que hubiera porque "hay demasiadas Juanas Rivas en Andalucía".

Por ello, ha añadido que, según las explicaciones de la consejera, el Gobierno andaluz, dentro de la legalidad, por ahora "no puede hacer más de lo que está haciendo", sin embargo, ha valorado positivamente la posibilidad de que se estudie la manera de que lleguen "todos los recursos posibles" en forma de ayudas económicas a Rivas para su asistencia jurídica en Italia porque un turno de oficio en ese país sería algo "sumamente difícil".

PODEMOS: BUSQUEN UNA "SOLUCIÓN IMAGINATIVA"

La diputada de Podemos Esperanza Gómez, por su parte, ha invitado a la Junta a que busque una "solución imaginativa" para que Rivas pueda contar con un abogado en Italia porque "ella no tiene medios y ha perdido la ayuda que recibía". En esta línea, también le ha exigido "esfuerzo" dentro del proceso en el que está envuelto la madre de Maracena porque "sus niños están con un maltratador".

Además, resaltado uno de los "mayores problemas" que es, a su juicio, que Juana Rivas se puede enfrentar a una condena por sustracción de menores después de que ella decidiera "traerse a los niños porque entendió que estaban en peligro". Así, del mismo modo, ha solicitado a las administraciones que "arbitren" una "solución imaginativa" para evitar que Juana entre en la cárcel por un delito de sustracción de menores.

Por parte del PP, la diputada Aránzazu Martín ha apuntado que algunos de los derechos a los que ha nombrado la consejera, como el asesoramiento jurídico gratuito sin importar los niveles de renta o la ayuda económica a las víctimas, "no es algo sólo de Andalucía", sino que se da a nivel nacional porque "existe un Pacto de Estado nacional" que se ha impulsado en esta legislatura.

Por otro lado, ha hecho un llamamiento para que, ahora que se está tramitando en el Parlamento las modificaciones de la ley sobre la violencia de género, se aproveche para "mejorar algunas cuestiones". En este sentido, ha puesto el ejemplo de lo que dice la ley sobre la personación de la Junta en casos de violencia de género, donde se apunta que sólo podrá hacerlo cuando se de la muerte de la víctima en la comunidad andaluza.

"Si mi vecina vive amenazada en Almería y sale a Murcia y así es asesinada ¿Ahí se terminaría la posibilidad de personación de la Junta", se ha preguntado la 'popular', quien ha apuntado que estas son "dudas" que deberían tratarse durante la tramitación de las modificaciones a dicha ley.

Por último, José Latorre ha defendido la intervención de la consejera porque ha explicado "con rigor" el por qué la Junta no puede personarse en el caso de Juana Rivas: "La ley es igual para todos y tiene que respetarse por parte de los ciudadanos y también por parte del Gobierno", ha dicho.

Sin embargo, ha insistido en que la personación no tiene nada que ver con la asistencia jurídica gratuita "que tiene reconocida toda mujer víctima de violencia de género en Andalucía" y sobre la que la Junta va a buscar mecanismos para ayudar a Juana.