La Junta concede a la UGR más de 6 millones de euros para impulsar la I+D+i

La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad ha concedido una ayuda por valor de 6,58 millones de euros a la Universidad de Granada para equipamientos y transferencia a través de su Oficina de Transferencia de Resultados (OTRI). Estos incentivos corresponden a tres convocatorias abiertas en los ejercicios 2017 y 2018 dirigidas a impulsar la I+D+i, que permanecían estancadas y a las que el actual Ejecutivo andaluz ha dedicado el máximo esfuerzo para reactivarlas debido a su capital importancia para la actividad que desarrollan los grupos de investigación andaluces.

Estas tres líneas de subvenciones están orientadas a financiar, por un lado, la  transferencia de conocimiento entre universidades y organismos públicos de investigación y el sector productivo andaluz y, por otro, la mejora de infraestructuras y equipamientos de I+D+i.

De su resolución se han beneficiado medio centenar de entes privados y públicos en toda Andalucía, con más de 37 millones de euros en ayudas. En la esfera pública, han obtenido recursos nueve universidades andaluzas, que recibirán para sus iniciativas fondos por valor de 21,7 millones de euros, lo que supone en torno al 58% del conjunto de los recursos.

También en el ámbito público, destacan los incentivos otorgados a una decena de institutos dependientes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que recibirán en torno a 2,5 millones de euros y entre los que figura el Instituto de Astrofísica de Andalucía con sede en Granada.

Mejorar las infraestructuras

Del conjunto de convocatorias, dos de ellas, que suman 27 millones, están dirigidas a las entidades públicas de investigación y a las universidades andaluzas. La primera cuenta con 20 millones y concede recursos a infraestructuras y equipamientos de I+D+i con el fin de mejorar el parque de infraestructuras existentes. Entre los gastos subvencionables se incluyen las edificaciones auxiliares de carácter técnico, la adquisición de bienes de equipos, equipos informáticos o de infraestructura de TIC en general, la adquisición y tratamiento de software, así como otras inversiones en activos fijos materiales.

Asimismo, se podrán sufragar estudios de viabilidad, diseño o construcción de infraestructuras, equipamientos, instrumentación científica avanzada o componentes de elevado contenido tecnológico, además de gastos asociados a material bibliográfico, material fungible o estudios de mejora de rendimiento. Las acciones aprobadas tendrán un plazo máximo de ejecución de dos años.

La segunda línea, con 7 millones, está dirigida a incrementar las tasas de transferencia de conocimiento entre los agentes públicos del sistema andaluz del conocimiento (universidades y organismos públicos de investigación) y el sector productivo andaluz. Para ello se apoyan los proyectos de creación y consolidación de empresas basadas en el conocimiento y de base tecnológica; las acciones de protección de la propiedad intelectual y de transferencia tecnológica (estudios de patentabilidad, licencias de patentes, etc); la creación y desarrollo de prototipos y pruebas de conceptos, promoción y comercialización de tecnologías; o estudios de mercado para identificar potenciales socios industriales.

Los incentivos también se dirigen a financiar el funcionamiento de las Oficinas de Transferencia de Resultados (OTRI), el fomento de las relaciones entre grupos de investigación y las empresas, y la organización y participación en congresos, ferias, jornadas y foros especializados y de difusión. Las actividades deberán tener una duración máxima de un año. 

Material científico

La convocatoria dirigida a entidades privadas de I+D+i sin ánimo de lucro, así como a agrupaciones de interés económico vinculadas a la investigación sin ánimo de lucro que estén calificadas como agentes del sistema del conocimiento, ha otorgado diez millones de euros. Los incentivos tienen como objetivo la adquisición de material científico y mejora de infraestructuras y equipamientos de I+D+i, con el fin de consolidar y dotar de mejores equipamientos tecnológicos a los centros existentes.

Las actuaciones incentivadas tienen un plazo máximo de ejecución de dos años y las ayudas podrán emplearse en edificaciones auxiliares de carácter técnico, destinadas a la mejora del parque de infraestructuras existentes; en la compra de bienes de equipo de procesos y de equipos auxiliares, en equipos informáticos o de infraestructura de tecnología de la información y telecomunicaciones, o en la adquisición y tratamiento de software, en particular el dirigido a la investigación. Asimismo, se podrán financiar el coste de utilización y acceso a las instalaciones científico-técnicas singulares y grandes instalaciones científicas, nacionales o internacionales.

Desbloquear convocatorias

 Además de estos más de 37 millones de euros en ayudas que se acaban de resolver, el departamento que dirige Rogelio Velasco está acelerando los procedimientos para cerrar otras tres convocatorias heredadas igualmente del Gobierno anterior y que no habían sido resueltos y que suman 46 millones. En esa cuantía se incluyen las subvenciones para la realización de proyectos de I+D+i tanto a centros públicos (35 millones) como a privados (8 millones); además de las becas Talentia Senior, dotadas con casi tres millones y cuya resolución es inminente.

Paralelamente a esos trabajos para resolver los incentivos pendientes, la Consejería de Economía ha comenzado a lanzar nuevas líneas de incentivos a universidades y entidades públicas de investigación. El primero de estos nuevos programas permitirá la contratación de 257 jóvenes doctores con un presupuesto de casi 32 millones de euros. Esta iniciativa tiene como finalidad la contratación, por un período máximo de tres años, de investigadores posdoctorales demandantes de empleo o poseedores de la tarjeta de mejora de empleo, que hayan obtenido su doctorado en los cinco años previos a la convocatoria.

A éste se suma el programa de actuaciones de transferencia para el impulso de los Campus de Excelencia Internacional (CEI) en las áreas de especialización de la estrategia RIS3, al que se dedican 6 millones de euros en 2019. Con esta iniciativa se pretende desarrollar proyectos tractores singulares liderados por las universidades públicas andaluzas, con el objeto de reforzar las sinergias entre los agentes del sistema andaluz del conocimiento y las empresas en los ámbitos de investigación prioritarios.

Junto a estas convocatorias ya publicadas, el Ejecutivo andaluz tiene muy avanzada una línea de incentivos para la realización de proyectos de excelencia de I+D+i destinadas a universidades y entidades públicas de investigación (45 millones de euros). Por otro lado, el Centro Informático Científico de Andalucía (CICA) ha puesto en marcha la contratación de un nuevo clúster de supercomputación intensiva de gran potencia y rendimiento por un valor de 3,5 millones que saldrá a licitación antes de finales de año. Una vez instalado, se convertirá en uno de los supercomputadores de mayor potencia a nivel nacional que estará a disposición de las universidades y demás agentes andaluces del conocimiento.