La Junta de Andalucía elimina 600 aulas de la pública

Para el próximo curso 2016/2017 la Consejería de Educación prevé cerrar numerosas aulas en la mayoría de las localidades andaluzas, que desde CGT calculamos pueden superar las seiscientas aulas en toda Andalucía.

Tal y como señala la Federación Andaluza de Sindicatos de Enseñanza, este hecho supone un ataque en toda regla a la escuela pública, que va retrocediendo frente a la privada debido a las erráticas políticas de la Junta de Andalucía desde hace ya más de treinta años pero que se han incrementado en los últimos cursos. Según datos de PADEI (Plataforma Andaluza en Defensa de la Educación Infantil), del curso 2010- 2011 al 2014- 2015 el alumnado matriculado en el segundo ciclo de educación infantil en Andalucía ha disminuido en la enseñanza pública en 15.333 alumnos/as, lo que supone un descenso del 6,79 %. Frente a ello, la escuela privada concertada ha aumentado en 1.269 alumnos/as, es decir, en un 2,53 %. Esto ha supuesto que la escuela pública ha perdido 469 unidades en infantil, mientras que a la privada concertada la Junta le ha concedido 82 unidades más.

Según afirma CGT, estos datos son graves por sí mismos, pero lo son aún más si consideramos que estas supresiones conducen a otras en los niveles educativos posteriores (primaria y secundaria), por un efecto dominó. Cuando el alumnado de esos cursos vaya subiendo, se producirá un cierre progresivo de aulas. A esto añaden que esta tendencia no sólo se ha mantenido sino que ha aumentado durante el curso actual, ya que se han cerrado cientos de líneas públicas en Andalucía.

Las previsiones para el próximo curso son igualmente muy preocupantes, ya que la Junta prevé la supresión de unas seiscientas aulas en los centros públicos. Lo que provoca el cierre incluso de centros enteros como la Escuela Infantil Nuestra Señora del Carmen de San Fernando (Cádiz) a la que el próximo curso se le suprimen sus últimas tres unidades de cinco años, que  sumadas a las 3 unidades de cuatro años suprimidas el curso pasado y a las 3 de tres años del curso anterior, suponen el cierre total del centro, que posee unas fabulosas instalaciones y una trayectoria de más de cuarenta años siempre con gran demanda y prestigio en la localidad.

Esta política privatizadora de la Junta de Andalucía explica, tal y como destacan desde la organización, casos como el de Granada capital donde ya más del 60% del alumnado está escolarizado en la enseñanza privada concertada (lo mismo sucede en gran parte de las capitales provinciales y grandes ciudades andaluzas, por ejemplo en el caso de Cádiz ciudad este año se han ofertado 24 unidades de tres años en la privada concertada por tan solo 20 en la pública). En el caso de Granada año tras año se siguen suprimiendo unidades en la pública mientras se mantienen algunas unidades de la concertada sin ni siquiera tener demanda como en bachillerato con una ratio de 8 a 10 alumnos/as en ocasiones.
Aunque estos datos se intentan justificar atendiendo a la caída de la natalidad, no es cierto, puesto que como vemos a las escuelas privadas concertadas no se les quita ninguna unidad sino que al contrario se les aumenta. De tal forma que se oferta en las localidades demasiadas plazas para las necesidades reales, convirtiendo el proceso de matriculación en una especie de subasta y una verdadera competición de los centros por atraerse al alumnado.

 

Desde CGT consideramos que la educación como un derecho universal no debe tratarse como una mercancía sino que como derecho debe ser igual para todo el mundo, evitando los privilegios y las discriminaciones que produce el sistema actual. "La solución pasa necesariamente por una única red educativa pública que garantice por igual a todo el alumnado independientemente de donde vida una educación de máximo nivel", han afirmado desde la asociación.