La Junta de Andalucía ofrece a Juana Rivas la personación judicial para pedir medidas cautelares
Dichas medidas, están contempladas en el artículo 158 del Código Civil, relacionado con el interés superior de los menores
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha desvelado que la administración regional ha ofrecido a Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) en paradero desconocido tras incumplir la orden judicial de entregar a sus hijos al padre, condenado en 2009 por maltratarla, la personación en la causa judicial para pedir que se adopten medidas cautelares.
Dichas medidas, según ha explicado Sánchez Rubio en rueda de prensa, están contempladas en el artículo 158 del Código Civil, relacionado con el interés superior de los menores, habida cuenta de que "es muy importante que los niños no vean vulnerados sus derechos por situaciones como las que ocurren en este caso".
Por ello, la Junta pediría desde la personación actuaciones que garanticen que los menores no sufran desde el punto de vista psicológico o físico perjuicios ante situaciones como la actual.
Es, ha precisado la consejera, un caso de largo recorrido en el que desde el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) se ha venido atendiendo a uno de los niños en el marco de programas de asistencia. "Entendemos, tanto desde los propios profesionales que atienden al niño como desde el IAM y la Consejería, que en estas situaciones los primeros que ven vulnerados sus derechos son los niños", ha manifestado.
Para Sánchez Rubio, "independientemente de que queramos que la madre sienta nuestro apoyo, la actuación de la Junta tiene que ver con el interés superior del menor y la garantía de que se cumpla: no puede ser que en un proceso de este tipo los niños vean vulnerados sus derechos en un procedimiento de tutela o de régimen de visitas".
La titular autonómica de Igualdad y Políticas Sociales, que ha confirmado que el principal cauce de comunicación con Rivas se establecerá a través de su abogada, ha confirmado que debe ser la madre la que autorice este paso en un caso "complejo", que incluso compete al derecho internacional, aunque "lo que sí es competencia de la entidad pública, y evidente, es que cuando en nuestro territorio hay niños que están viendo vulnerados sus derechos podemos exigir que se adopten esas medidas cautelares".
