La Junta de Andalucía publica una guía para aplicar la perspectiva de género en la elaboración de planes sobre las políticas sociales
La guía propone las distintas etapas en el diseño de un plan con enfoque de género, cada una de las cuales incluye recomendaciones orientativas
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha presentado hoy la Guía para Incorporar el Enfoque de Género en la Planificación de Políticas Sociales, una herramienta orientada a potenciar la transversalidad de género en los planes que se elaboren en el marco de las políticas sociales.
El documento, elaborado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales en colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública, está dirigida a cualquier persona interesada en el enfoque del género como dimensión clave en la formulación de políticas, y especialmente a personas de la administración pública involucradas en la puesta en marcha de planes estratégicos relativos a políticas sociales y de igualdad.
Según ha explicado la consejera, la guía responde al reconocimiento "de una realidad, la desigualdad de género, que debe tenerse en cuenta a la hora de planificar ciertas políticas, al mismo tiempo que hay que asumir que muchas políticas tienen efectos diferenciados sobre el bienestar y calidad de vida de mujeres y hombres". "Hay realidades como la brecha salarial, la discriminación de la mujer en todos los ámbitos sociales o las diferencias en su salud que no pueden ser obviadas a la hora de diseñar determinados planes", ha añadido.
Por ello, la guía propone las distintas etapas en el diseño de un plan con enfoque de género, cada una de las cuales incluye recomendaciones orientativas. De este modo, en la primera etapa se incide en la necesidad de un compromiso institucional y de todos los equipos que van a participar en la elaboración del plan. La segunda fase, de análisis y diagnóstico de la situación, requiere de la búsqueda de estadísticas y estudios específicos que ofrezcan información sobre la situación diferenciada de mujeres y hombres en relación al ámbito de aplicación del plan.
La tercera etapa, de establecimiento de principios rectores, debe incluir la atención a la diversidad, la conciliación, el empoderamiento, la equidad en la distribución de los beneficios y responsabilidad y la ausencia de discriminación en cuanto a las oportunidades y distribución de los recursos, beneficios y acceso a los servicios.
Respecto a las metas y objetivos, se recomienda la incorporación de principios sensibles al género en la formulación de ejes estratégicos, tales como transversalidad, participación sociopolítica, corresponsabilidad, etc. La definición de objetivos específicos debe considerar además las necesidades específicas en mujeres y hombres.
La quinta etapa, de planteamiento de medidas, deberá, según la guía, formular las actuaciones a partir de las necesidades y expectativas identificadas en cada género y atendiendo a distintos ejes de desigualdad (grupos de edad, pertenencia étnica, nivel socioeconómico, situación ocupacional, localización geográfica, etc.).
En la fase de seguimiento y evaluación, resulta esencial definir indicadores que permitan determinar cómo se está desarrollando el plan y logrando los objetivos establecidos. La guía incide también en los recursos humanos y financieros, contemplando una dotación suficiente y adecuada tanto en aquellos casos en los que se requiera la puesta en marcha de acciones positivas, como en el caso de actuaciones para la transversalización.
Finalmente, la última fase, de comunicación, difusión e impacto social, debe visibilizar los resultados de género en términos comunicativos.
Sánchez Rubio ha señalado que la iniciativa se suma a todas las actuaciones que lleva la Junta para aplicar la perspectiva de género de manera transversal en todas sus políticas públicas. En este sentido, ha recordado que Andalucía fue pionera en España al crear en 2010 en todas sus consejerías las Unidades de Igualdad de Género, encargadas de garantizar la perspectiva de género en las políticas de la Junta. Asimismo, ha destacado otras actuaciones como la evaluación del impacto de género de todos los proyectos normativos; la inclusión de la perspectiva de género en el anteproyecto de Ley del Presupuesto; el seguimiento del lenguaje no sexista; o la progresiva desagregación de los datos de la variable sexo en las estadísticas, entre otras.
